Fernando Guamán no fue a la Fiscalía de Chimborazo para rendir su versión por presunto delito de paralización. Anunció más denuncias.
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Fernando Guamán Gualli, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los Pueblos de la Nación Puruway (Comich), no acudió este 24 de septiembre de 2025 a la convocatoria realizada por la Fiscalía de Chimborazo.
La diligencia estaba programada para las 09:00 y tenía como finalidad recibir su versión en calidad de sospechoso dentro de la Investigación Previa N.º 060101825090347, relacionada con un presunto delito de paralización de servicio público.
Guamán anunció públicamente su decisión a través de su cuenta de Facebook. En su primera publicación escribió:
“La Fiscalía me a convocado para hoy día a las 09h00, a fin de dar mi versión en calidad de sospechoso por un presunto delito de paralización de servicio público, en el marco de paro nacional convocado por la CONAIE.”
Fernando Guamán
En un segundo bloque agregó:
“Agradezco a las compañeras y compañeros, que me han estado preguntando para acompañar, a quienes comunico que hoy día no acudiré a la fiscalía. Además, debo informar que la fiscalía de Riobamba abrió investigación previa en contra de Marlon Vargas, Matías Manya, Fernando Guamán y otros.”
Fernando Guamán
La inasistencia del dirigente ha generado expectativa sobre los pasos que seguirá el proceso de la Fiscalía.
¿Por qué Fernando Guamán debía ir a Fiscalía?
Fernando Guamán fue notificado oficialmente el 22 de septiembre de 2025, a las 19:25, como sospechoso dentro de la investigación.
La notificación, firmada por el fiscal Diego Lenin Andrade Ulloa, le señalaba la obligación de rendir su versión acompañado de su abogado defensor.
En caso de no contar con representación legal, la Defensoría Pública debía asistirlo, conforme al artículo 76 de la Constitución del Ecuador y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la defensa y al debido proceso.
El proceso se encuentra enmarcado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para quienes paralicen servicios públicos esenciales como transporte, salud, seguridad, electricidad o telecomunicaciones.
La norma busca proteger la continuidad de estos servicios, cuya interrupción afecta directamente a la ciudadanía.
La investigación se relaciona con recientes movilizaciones en Chimborazo, en las que Guamán ha tenido un papel visible como dirigente indígena.
Estas acciones estaban orientadas a demandas sociales, territoriales y de servicios básicos, y se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta, reconocido en el artículo 66 de la Constitución.
No obstante, la legislación establece límites cuando las manifestaciones derivan en bloqueos prolongados de vías, cortes de energía o afectaciones al funcionamiento de servicios esenciales.
El caso ha generado atención tanto en Chimborazo como a nivel nacional, debido a que el movimiento indígena ha sido históricamente un actor relevante en la política ecuatoriana y sus dirigentes han encabezado protestas de impacto social considerable.
La diligencia que no se realizó este 24 de septiembre era clave para determinar la situación jurídica de Guamán.
Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes, podría formular cargos, abriendo un proceso penal formal. De lo contrario, la investigación podría archivarse por falta de méritos.
Este caso combina elementos legales, políticos y sociales, y vuelve a poner sobre la mesa la tensión histórica entre el Estado y los movimientos indígenas en Ecuador, donde la protesta social ha sido decisiva en momentos clave de la vida nacional.
La expectativa ahora se centra en la reacción de la Fiscalía frente a la inasistencia de Guamán y en cómo este proceso judicial podría afectar la dinámica del movimiento indígena en Chimborazo y en el escenario nacional.
