Estado de excepción en 4 provincias se decreta ante el avance de grupos armados y la creciente inseguridad en Ecuador.
Ante una creciente ola de violencia criminal y una situación catalogada como de grave conmoción interna, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en 4 provincias de la Costa: Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.
La medida tendrá una duración de 60 días y busca contener el avance de grupos armados organizados que operan en el territorio nacional.
Estado de excepción en 4 provincias tras 491 asesinatos en 24 días
El decreto presidencial responde a informes oficiales que evidencian una alarmante escalada de violencia.
Entre el 11 de julio y el 3 de agosto de 2025, la Policía Nacional registró 491 muertes violentas, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo período del año anterior.
El 95,5% de estas muertes fueron clasificadas como asesinatos, y en el 97,6% de los casos se identificó violencia criminal como causa principal.
Las estadísticas también revelan que el 68,9% de los homicidios se produjeron en espacios públicos, lo que genera una alta percepción de inseguridad y alarma social.
Las principales causas detrás de estos crímenes fueron amenazas (71,6%), tráfico interno de drogas (23,8%) y robos a personas (1,5%).
Provincias bajo emergencia concentran el 83% de la violencia
El estado de excepción en 4 provincias se sustenta en un análisis comparativo entre 2024 y 2025, que muestra cómo Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro presentan incrementos notables en muertes violentas:
- Manabí: de 65 a 105 (+61,5%)
- Los Ríos: de 56 a 87 (+55,3%)
- El Oro: se mantuvo con 45 casos
- Guayas: bajó de 215 a 183 (–15%)
En conjunto, estas provincias concentran el 83,7% de los homicidios a nivel nacional durante el periodo analizado, según datos del ECU 911, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia Estratégica.
Derechos constitucionales suspendidos y control militar
Durante el estado de excepción en 4 provincias, el Gobierno ha suspendido dos derechos constitucionales clave:
- Inviolabilidad del domicilio: las Fuerzas Armadas y la Policía podrán realizar allanamientos sin orden judicial, requisas y decomiso de armas, drogas o explosivos.
- Inviolabilidad de la correspondencia: se permitirá la intervención de comunicaciones físicas y electrónicas para rastrear redes delictivas y ubicar a integrantes de bandas criminales.
Estas medidas buscan frenar las operaciones de grupos armados organizados, a los que se atribuyen ataques con explosivos, asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones en mercados, escuelas, hospitales y hasta eventos deportivos.
Grupos terroristas y reforma constitucional
La medida se ampara en la reforma constitucional aprobada por referéndum en abril de 2024, que autoriza el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para enfrentar delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal y extorsión.
El decreto menciona como responsables de esta violencia a organizaciones como el Tren de Aragua, ya declarado grupo terrorista, y a estructuras como el Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera.
Conmoción interna reconocida pese a rechazo constitucional
Aunque el Ejecutivo sostiene que existe un conflicto armado interno, la Corte Constitucional ha señalado que no se cumplen los requisitos para declarar un conflicto armado no internacional.
Sin embargo, el gobierno considera que la magnitud de la violencia, el impacto en la vida cotidiana y la percepción ciudadana justifican plenamente el estado de excepción en 4 provincias.
