La democracia es concebida como el gobierno de la mayoría, donde los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones. El pensador griego Aristóteles sostenía que el ser humano por naturaleza es un «animal político», destinado a participar activamente en la vida de su comunidad, no simplemente a residir en ella sin involucrarse.
Cuando la persona se retira del tejido común, deja de ejercer su papel político y facilita que la esfera colectiva sea ocupada por quienes priorizan intereses particulares. Así, el sistema político y social favorece a personas que lejos de ser los más capacitados, son funcionales al mantenimiento del “estatus quo”, reforzando la idea de que el poder no siempre se distribuye según el mérito sino, según la utilidad para el sistema establecido. En estas condiciones no debería sorprender que quienes asumen el poder lo hagan más como sobrevivientes del sistema que como transformadores de este.
El sistema requiere del poder, pero detrás se encuentran diversos actores que ejercen influencia sobre las decisiones políticas y sociales que buscan proteger sus intereses y orientarlas a su favor, aunque no siempre ocupan cargos visibles, su capacidad de presión y financiamiento condiciona en gran medida el comportamiento de los gobernantes y el rumbo de las instituciones.
Sabemos que el país atraviesa por una grave crisis de seguridad, la tasa de homicidios saltó en los últimos años a más de 40 por cada 100 000 habitantes en pocos años, los escándalos de corrupción que infiltran partidos, justicia e instituciones y el bajo involucramiento ciudadano que convierte en cómplices del mantenimiento del sistema y la aceptación pasiva de las estructuras existentes.
Frente a esta situación la sociedad debe retomar su lugar y que el poder sea visto como servicio y no como espectáculo para dejar atrás este ciclo peligroso de poner en el poder a quienes sobreviven al sistema o lo refuerzan, y abrir espacio a quienes puedan realmente transformarlo.
