De acuerdo con el marco normativo vigente en el país, la proforma anual del presupuesto estima de manera detallada los ingresos y gastos del Estado para el próximo año fiscal 2026. En días anteriores, esta proforma fue aprobada en la Asamblea Nacional con 78 votos afirmativos y sin observaciones a la propuesta presentada.
Sin embargo, los recursos proyectados a menudo presentan grandes diferencias con respecto a lo que realmente se invierte. Un ejemplo de esto es el presupuesto asignado para el sector salud en 2025, que fue de $4.798 millones, un aumento de $576 millones en comparación con 2024; sin embargo, a noviembre del presente año, apenas se ha ejecutado el 50%, cuando existe una crisis sanitaria en el país. Como resultado, muchas veces el presupuesto queda solo en el papel.
Para el 2026, los fondos destinados a las universidades públicas tendrán un recorte de alrededor de $129 millones, afectando a 19 instituciones de educación superior, en diferente magnitud, algunos ejemplos: la Universidad AMAUTAY WASI con un recorte del 70%, la Universidad Central del Ecuador con un 10%, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con un 12%, la Universidad Nacional de Chimborazo también con un 12%, entre otros.
Recortes que se producen a pesar del déficit significativo entre la demanda y la oferta de cupos y la consideración de que las universidades desempeñan un papel crucial en el desarrollo integral del país. No solo forman profesionales, sino que también son espacios para la investigación y la vinculación con la sociedad a través de programas y proyectos que contribuyen a la solución de los problemas del territorio. Sin duda, los recortes presupuestarios impactarán en la oferta académica, en las inversiones necesarias para mejorar la calidad de la educación y en la reducción de recursos para investigación, innovación y vinculación.
La proforma presupuestaria para el año fiscal 2026 revela serias preocupaciones en la ejecución efectiva de los recursos asignados y el impacto de los recortes en sectores clave como la educación superior, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad del presupuesto y su efectividad en abordar las necesidades urgentes que se traduzcan en beneficios tangibles para la población.
