¿Escribir una nueva constitución es la solución para los problemas de Ecuador?
Los niveles de incertidumbre se reflejan en los siguientes datos: el 65% de los ecuatorianos se siente inseguro sobre su futuro económico, preocupado por el desempleo, la inflación y la inseguridad personal que lo hace vulnerable en su entorno. La pobreza ha aumentado en más del 25%, afectando a millones de ecuatorianos. Se estima que aproximadamente el 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, lo que complica aún más el panorama del empleo en el país. ¿Realmente una nueva constitución resolverá nuestros problemas?
La constitución vigente, ya establece derechos y garantías que, lamentablemente, no se han cumplido. Por ejemplo, el artículo 33 garantiza el derecho al trabajo, pero la realidad muestra que muchos ecuatorianos siguen luchando por encontrar empleo digno. Quizás los gobiernos no han hecho lo suficiente para garantizar estos derechos fundamentales. Entonces, ¿de qué sirve crear una nueva constitución si no se han respetado las disposiciones de la anterior?
A lo largo de la vida republicana, Ecuador ha redactado un total de 20 constituciones, cada una reflejando un contexto político cambiante y turbulento. La última, aprobada en 2008, se precia de consolidar derechos y garantías, pero su cumplimiento sigue siendo un desafío constante; sin embargo, es necesario resaltar que el enfoque en derechos colectivos y la protección del ambiente entran en conflicto con la privatización de sectores estratégicos, la independencia de poderes y la explotación minera. Recordemos que las leyes se convierten en letra muerta mientras no exista la voluntad política para aplicarlas con un compromiso genuino y transparente por parte de quienes administran el país.
En un país donde los recursos son limitados, y con una deuda pública que, según el Banco Central del Ecuador, bordea los 65 mil millones de dólares, invertir tiempo y dinero en un nuevo proceso constitucional que desviaría fondos que pueden ser invertidos en programas sociales. Entonces, ¿Es prudente gastar más en un proceso que podría no traer los resultados esperados?
Mirando en retrospectiva, la solución a los problemas de Ecuador no radica en la creación de una nueva constitución, sino en el cumplimiento de la normativa existente y en la implementación de políticas efectivas que atiendan las necesidades de la población. El verdadero cambio requiere de un compromiso real de los líderes para respetar y hacer cumplir la constitución actual, en lugar de buscar un nuevo documento que, en última instancia, podría ser utilizado para consolidar el poder en manos de unos pocos.
