La teoría del shock es una estrategia empleada por gobiernos y corporaciones para implementar políticas impopulares durante períodos de crisis o desestabilización social. En momentos de emergencia, la población tiende a reaccionar de manera menos crítica y más sumisa, lo que facilita a las élites introducir medidas que normalmente encontrarían resistencia. En este contexto, el uso de tácticas de control social, como la represión violenta de las protestas, se convierte en una herramienta para desviar la atención de los problemas estructurales y legitimar reformas económicas impopulares.
Este antecedente permite analizar la narrativa de control y seguridad en relación con la violencia generada por bandas delictivas, la cual ha sido utilizada por el gobierno para justificar medidas de represión y militarización. La violencia de estas organizaciones ha instaurado en la población un clima de miedo, promoviendo la idea de que solo a través de la fuerza y la intervención militar se puede restablecer el orden y la seguridad. Esta percepción se traduce en el imaginario colectivo, donde la autoridad es vista como el único salvador frente al caos, legitimando así el uso de tácticas represivas también contra las protestas sociales que emergen como respuesta a las injusticias estructurales.
Al asociar la protesta social con el desorden y la violencia, el poder busca deslegitimar las demandas de la ciudadanía, lo que lleva a que el pueblo internalice la noción de que sus luchas son peligrosas. Este escenario resalta la complejidad de la relación entre el poder y la sociedad en Ecuador, donde la violencia no solo proviene de las bandas delictivas, sino también de un sistema que utiliza el miedo como herramienta de control social.
De este modo, las protestas durante el paro nacional en Ecuador se desarrollan en un entorno marcado por el temor impuesto desde el gobierno, donde la represión y la militarización se convierten en instrumentos para controlar el descontento social. Este clima de intimidación ha sido utilizado para desmovilizar y silenciar a las voces críticas.
En la crisis actual, la necesidad de una tercera vía para el país se hace evidente. No hay justificación para la represión y la violencia; es imperativo desarticular la prepotencia del poder para abrir un espacio genuino para el diálogo, donde se aborden las causas profundas del descontento social y se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.
