Nuevamente, los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, muestran su preocupación y angustia, por la implicaciones y perjuicios sociales, que ocasionaría la puesta en vigencia, de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, por lo que empiezan a oponerse a esta pretensión del Gobierno Central, exigiendo y reclamando sus derechos, como verdaderos y auténticos dueños del IESS, defendiendo los sagrados intereses, de una institución que pertenece enteramente a la mayoría de trabajadores ecuatorianos.
Señor Gobierno Nacional, el IESS pertenece a los afiliados y jubilados, que mediante su trabajo, esfuerzo y sacrificio, le han mantenido y financiado, con sus aportes mensuales por muchos años, confiando su dinero, a los administradores y directivos del Seguro Social, para que puedan ser reinvertidos honesta y transparentemente, en beneficio y bienestar de los asegurados y pensionistas.
Pero lastimosamente, desde hace mucho tiempo atrás, todos los gobiernos nacionales a su turno, con sus funcionarios gubernamentales, han utilizado al IESS, como un botín político, para saciar sus interminables deseos de poder económico y político, disponiendo de los recursos económicos de los afiliados y jubilados, para entregar bonos y subsidios, y cubrir desfinanciamientos financieros en el Presupuesto Nacional, sin importarles la salud y bienestar de los asegurados, ni mucho menos, considerar que, muchos ciudadanos, merecen a futuro, contar con una jubilación, digna, justa, sin sobresaltos e intranquilidad.
¡Qué fácil es apropiarse de lo que no les pertenece, señor Gobierno Nacional y decidir de manera unilateral y sin consultar al pueblo ecuatoriano, el futuro y destino, de una institución que pertenece a la clase laboral del país!..
Muy sencillo es disponer del dinero que no les ha costado ningún sacrificio, y que por un capricho, ambición y extrema mezquindad, quieren dejar desprotegidos a miles de afiliados y pensionistas, sin prestaciones económicas, medicinas, insumos, equipamiento, servicios de salud y pensiones jubilares, que por ley y derecho constitucional, les pertenecen a los verdaderos dueños del Seguro Social Ecuatoriano.
