Una de las máximas en la filosofía del liderazgo señala que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de escuchar a los demás, pues solo así se pueden entender sus necesidades y construir un futuro en conjunto. En este contexto, Ecuador atraviesa 17 días de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), lo que refleja claramente la crisis de diálogo y entendimiento entre el gobierno y los sectores sociales.
El escalamiento del conflicto durante este paro debe entenderse como una manifestación de la profunda fractura social y la acumulación de tensiones históricas entre el Estado y los sectores más vulnerables de la población, especialmente las comunidades indígenas. No se trata solo de una respuesta a políticas económicas desfavorables; es un reflejo de un contexto más amplio de desigualdad y exclusión.
La creciente polarización y radicalización de las demandas son indicativos de un descontento que se ha gestado a lo largo de los años. La falta de diálogo y la represión estatal han cerrado los espacios de negociación, transformando el conflicto en una lucha por el reconocimiento, la dignidad y la justicia social. Esto evidencia la necesidad de un cambio estructural en las relaciones de poder en Ecuador.
Además, se observa una desconexión del gobierno con la realidad social del país, que se manifiesta en su enfoque hacia la crisis actual. La implementación de bonos como medidas asistencialistas se percibe como una limosna y no como soluciones estructurales a los problemas que enfrenta la población más vulnerable, buscando únicamente mitigar temporalmente el descontento social. En este contexto, crece la desconfianza, alimentando el ciclo de protesta y resistencia social.
El gobierno ha mostrado una tendencia a controlar las protestas en lugar de tender puentes para encontrar soluciones. Esto ha llevado a un aumento de la tensión en las calles. Las estrategias autoritarias, que incluyen la militarización de las calles y la criminalización de la protesta social, así como el uso de discursos que deslegitiman a los manifestantes al calificarlos de «agitadores» o «terroristas», contribuyen a la polarización del debate público y a la estigmatización de quienes se oponen al gobierno.
En conclusión, la falta de diálogo en el contexto del paro nacional representa un desafío que no puede ignorarse. La situación actual exige una respuesta valiente y decidida de todas las partes para buscar soluciones reales a las demandas de la población. Es fundamental establecer un intercambio franco y honesto que permita abordar los conflictos y diferencias de manera constructiva, en un ambiente de respeto mutuo.
