El escándalo que envuelve a Mario Godoy, con antecedentes para beneficiar a delincuentes y acciones concernientes a su abuso de poder. El juez Serrano denunció amenazas y el retiro de protección, renunciando a su cargo. Mientras el CPCCS, que lo designó con votos clave, ha optado por un silencio que cuestiona su rol fiscalizador. Esta inacción incide directamente en la ética y moral pública, erosionando la gestión judicial y favoreciendo al crimen organizado en un Ecuador que declara guerra al narco.
El arte de decir la verdad –ese compromiso inquebrantable con la transparencia– expone estos conflictos de interés como una amenaza a la integridad institucional. Godoy solicitó licencia para defenderse, pero la verdad demanda acciones concretas. La verdad no es negociable. Exijan una judicatura independiente y ética, o el futuro se oscurecerá bajo la sombra de la impunidad. Solo la vigilancia colectiva restaurará la confianza en la justicia.
