Ecuador suspende minería en Napo por tiempo indefinido, medida busca frenar la minería ilegal y proteger ríos y biodiversidad amazónica.
En una medida histórica para la protección ambiental, Ecuador suspende minería en Napo por tiempo indefinido, anunció la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano.
La resolución busca detener la expansión de la minería ilegal y proteger los ríos, bosques y comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
La medida, publicada bajo la Resolución MAE-MAE-2026-0005-RM, implica la paralización de todas las actividades mineras, tanto metálicas como no metálicas, en Napo, sin establecer una fecha para su reanudación.
Autoridades destacan que la prioridad es preservar la biodiversidad y garantizar el cumplimiento ambiental.
Motivos de la suspensión minera en Napo
El Gobierno señaló que la decisión responde a un incremento significativo de la minería ilegal que ha generado impactos negativos en ecosistemas frágiles.
Estudios técnicos del Ministerio muestran que en varias cuencas se han detectado niveles altos de metales pesados como cianuro, cadmio, arsénico, plomo y cobre, superando los límites ambientales permitidos.
Además, la minería irregular ha afectado directamente los modos de vida de comunidades indígenas y ribereñas, que dependen de los ríos para consumo, pesca y agricultura.
Expertos coinciden en que la suspensión es un paso necesario para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de la región.
Vigilancia y sanciones contra la minería ilegal
Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció que se intensificarán los controles y sanciones contra la minería ilegal en Napo.
Las autoridades realizarán inspecciones periódicas, decomisos de maquinaria y cierre de operaciones clandestinas.
Esta medida refuerza la resolución oficial, asegurando que Ecuador suspende minería en Napo por tiempo indefinido mientras se protege la integridad de los ecosistemas y la salud de las comunidades locales.
Además, se implementarán programas educativos para informar sobre prácticas mineras responsables y sostenibles, fomentando la minería legal y ambientalmente segura en el país.
Alcance nacional y restricciones adicionales
La resolución no solo afecta Napo.
También contempla la suspensión de operaciones de plantas de beneficio minero en Portovelo (El Oro) y Loja, que procesan oro y otros minerales, mientras se evalúan condiciones de legalidad y cumplimiento ambiental.
La ministra Manzano anunció que se convocará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para coordinar acciones de mitigación y supervisión.
Buscando reducir los riesgos ambientales que la actividad minera podría causar en la Amazonía.
Impacto en la minería legal y economía regional
Si bien la medida prioriza la protección ambiental, la suspensión genera incertidumbre en concesiones mineras y empresas autorizadas, que deberán esperar nuevas evaluaciones antes de reanudar operaciones.
Especialistas advierten que podría haber repercusiones económicas, pero subrayan que la prioridad es la sostenibilidad ambiental y social.
Las autoridades señalan que, paralelamente, se impulsarán programas de formalización minera y control riguroso para quienes operan legalmente.
Asegurando que la actividad minera no vuelva a afectar los ríos y ecosistemas de manera irreversible.
Reacciones y perspectivas futuras
Organizaciones ambientales y colectivos locales celebraron la decisión, considerándola un paso importante para proteger la Amazonía ecuatoriana.
Sin embargo, gremios mineros advierten que se evaluarán recursos legales y ajustes para cumplir con la normativa vigente.
Analistas destacan que la suspensión puede marcar un nuevo precedente en la política minera del país, reforzando la vigilancia ambiental y la legalidad en la extracción de minerales.
La medida también abre el debate sobre gestión sostenible de recursos naturales y planificación económica responsable en territorios sensibles.
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Un alto a la minería ilegal
Con esta acción, Ecuador suspende minería en Napo por tiempo indefinido, consolidando un mensaje claro: la protección ambiental y la legalidad son prioridad frente a la explotación minera ilegal.
La decisión se convierte en un referente para futuras políticas de control ambiental y sostenibilidad en el sector minero del país.
