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Caso Austral: Ecuador pagó USD 71 millones por central que no genera energía

En plena crisis energética, Ecuador pagó USD 71 millones por central que sigue paralizada y sin aportar electricidad al sistema nacional.

Caso Austral: Ecuador pagó USD 71 millones por central que no genera energía
Caso Austral: Ecuador pagó USD 71 millones por central que no genera energía

Ecuador pagó USD 71 millones por central termoeléctrica que, hasta el momento, no ha generado un solo megavatio de electricidad, pese a haber sido contratada en medio de la grave crisis energética que afectó al país con apagones prolongados.

Se trata del proyecto Esmeraldas III, adjudicado a la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), un contrato que hoy está bajo la lupa por retrasos, incumplimientos y posibles responsabilidades penales.

La central fue presentada como una solución urgente para aportar 91 megavatios al Sistema Nacional Interconectado (SNI) y aliviar los racionamientos eléctricos registrados en 2024.

Sin embargo, la obra permanece paralizada, con equipos sin operar y sin cumplir el objetivo para el cual fue contratada.

Contrato de emergencia y pagos millonarios sin energía

El proyecto Esmeraldas III fue adjudicado bajo la figura de contratación de emergencia, lo que permitió acelerar procesos administrativos en plena crisis eléctrica.

No obstante, con el paso de los meses, el contrato empezó a generar cuestionamientos, especialmente cuando se confirmó que Ecuador pagó USD 71 millones por central que no ha entregado energía efectiva al país.

De acuerdo con información oficial, el monto cancelado representa cerca del 80 % del valor total del contrato, que asciende a aproximadamente USD 89,9 millones.

Los pagos se realizaron pese a que la planta no entró en operación comercial ni cumplió los plazos establecidos inicialmente.

Adendas contractuales bajo cuestionamiento

Uno de los puntos más polémicos del caso son las adendas contractuales que modificaron las condiciones originales del acuerdo.

Estas modificaciones permitieron que los desembolsos se realicen sin exigir la generación de electricidad como requisito, sino únicamente con la entrega de equipos, facturas y documentación logística.

Este esquema facilitó que Ecuador pagó USD 71 millones por central aun cuando la infraestructura no estaba terminada ni operativa.

Lo que ha despertado críticas de expertos, organismos de control y sectores ciudadanos que cuestionan el manejo de fondos públicos en proyectos estratégicos.

Planta de Austral
Planta de Austral

Retrasos, paralización y versiones contrapuestas

La obra acumula más de 11 meses de retraso y solo una parte de los equipos fue instalada.

Austral Technical Management ha sostenido que la paralización del proyecto se debe a problemas externos, como la falta de combustibles y fluidos necesarios para realizar pruebas técnicas, además de desacuerdos con la administración del contrato.

En contraste, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y su filial Electroguayas han señalado incumplimientos contractuales, retrasos injustificados y fallas técnicas que impiden la puesta en marcha de la central.

Denuncias penales y arbitraje en curso

La controversia escaló al ámbito legal.

CELEC presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada, mientras que el contrato enfrenta un proceso de arbitraje, cuyo resultado será clave para definir responsabilidades y posibles sanciones económicas.

El caso Esmeraldas III se ha convertido en uno de los símbolos de los contratos fallidos del sector eléctrico, en un contexto donde el país aún enfrenta riesgos de desabastecimiento energético.

Impacto político y desconfianza ciudadana

Que Ecuador pagó USD 71 millones por central sin resultados concretos ha generado indignación pública, especialmente porque el desembolso ocurrió mientras hogares, comercios e industrias sufrían cortes de luz.

El escándalo reaviva el debate sobre la transparencia en contrataciones de emergencia, la necesidad de controles más estrictos y la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron pagos sin garantizar beneficios reales para el país.

Mientras avanzan las investigaciones y procesos legales, Esmeraldas III permanece como un proyecto inconcluso que evidencia fallas estructurales en la gestión energética, dejando una pregunta abierta: ¿quién responderá por los millones pagados sin electricidad?

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