Dirigente indígena de Chimborazo afronta segunda citación en Fiscalía por presunta paralización de servicios públicos, generando tensión legal.
La Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional notificó por segunda ocasión a Manuel Fernando Guamán Gualli, dirigente indígena de Chimborazo, para que rinda su versión dentro de la investigación previa N.º 060101825090347.
El proceso se relaciona con un presunto delito de paralización de un servicio público, en el marco de recientes movilizaciones sociales.
Según el oficio oficial FPH-FEDOTI1-0915-2025-002716-0, emitido en Riobamba el 26 de septiembre de 2025 a las 14:17, el fiscal Cayambe Badillo Roberto Carlos dispuso que Guamán comparezca el lunes 6 de octubre de 2025 a las 09h00, acompañado de su abogado defensor.
En caso de no contar con defensa privada, la diligencia deberá realizarse con asistencia de la Defensoría Pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscalía encargó la notificación y localización del dirigente a la Policía Judicial de Chimborazo, cuyo informe deberá entregarse en un plazo de 48 horas.
Dirigente indígena de Chimborazo no acudió a Fiscalía
El 24 de septiembre de 2025, Fernando Guamán, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los Pueblos de la Nación Puruhá (Comich), no acudió a la primera citación fiscal, prevista también a las 09h00 en Riobamba.
Esa diligencia buscaba recibir su versión como sospechoso del presunto delito.
El dirigente había confirmado públicamente la convocatoria a través de su cuenta de Facebook, donde escribió:
“La Fiscalía me ha convocado para hoy día a las 09h00, a fin de dar mi versión en calidad de sospechoso por un presunto delito de paralización de servicio público, en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE”.
Posteriormente, aclaró su decisión de no acudir:
“Agradezco a las compañeras y compañeros que me han estado preguntando para acompañar, a quienes comunico que hoy día no acudiré a la fiscalía”.
Además, informó que la investigación previa no solo lo involucra a él, sino también a Marlon Vargas, Matías Manya y otros dirigentes indígenas.
El trasfondo legal y social del caso
Guamán fue notificado oficialmente el 22 de septiembre de 2025 a las 19:25, mediante providencia firmada por el fiscal Diego Lenin Andrade Ulloa, que le imponía la obligación de comparecer con representación legal.
El COIP, en su artículo 346, establece penas de uno a tres años de prisión para quienes paralicen servicios públicos esenciales como transporte, salud, seguridad, electricidad o telecomunicaciones.
La norma busca garantizar la continuidad de actividades fundamentales para la ciudadanía.
No obstante, la Constitución del Ecuador, en su artículo 66, reconoce el derecho a la protesta social y la resistencia, lo que genera un escenario de tensión jurídica entre la libertad de manifestación y la prohibición de afectar servicios esenciales.
Estas acciones han mantenido la visibilidad política del movimiento indígena, históricamente un actor clave en la vida nacional.
La diligencia no realizada el 24 de septiembre era considerada clave para definir la situación jurídica de Guamán. Ahora, la atención se concentra en el 6 de octubre de 2025, fecha en la que la Fiscalía espera su comparecencia obligatoria.
La incógnita gira en torno a si el dirigente indígena acudirá esta vez, en un contexto donde su ausencia podría implicar medidas más severas por parte de la autoridad judicial.
El proceso mantiene la atención pública en Chimborazo y a nivel nacional, ya que involucra a líderes indígenas en medio de un escenario de movilización social y debate sobre los límites de la protesta en el país.
