Con el Decreto 100, Noboa elimina la Senescyt y la fusiona al Ministerio de Educación. Conoce los efectos en universidades, becas e innovación.
El Decreto Ejecutivo 100, firmado por el presidente Daniel Noboa el 14 de agosto de 2025, dispone la absorción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Esto por parte del Ministerio de Educación, que a su vez incorpora al Ministerio de Deporte y al de Cultura, dando origen a una sola institución: el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura.
Dentro de esta nueva estructura, la Senescyt pasa a convertirse en el Viceministerio de Educación Superior, en un proceso de transición que se extenderá entre tres y seis meses.
Fusión de los ministerios y lo qué sucederá en otras áreas
La decisión es presentada oficialmente como parte del plan de eficiencia del Gobierno, cuyo objetivo sería reducir la burocracia y optimizar recursos.
En esa línea, se asegura que los servicios —como becas, procesos de admisión o registros de títulos— no se interrumpirán durante el cambio institucional.
Sin embargo, la medida plantea interrogantes sobre la continuidad de políticas estratégicas en ciencia, investigación e innovación, así como sobre el modelo de gestión de institutos técnicos y tecnológicos, que atienden a más de 50 centros en el país.
Más allá de los argumentos de eficiencia, el análisis revela tensiones de fondo.
Futuro de universidades y politécnica
Tal como apunta el investigador Daniel Vizuete, esta fusión no solo obedece a una lógica administrativa, sino que responde a una reconfiguración política que permite al Gobierno ejercería mayor control sobre las universidades y politécnicas.
Esto al reemplazar a la Senescyt como interlocutor por un Ministerio con más estructura, cobertura territorial y peso político.
Si bien la autonomía universitaria se mantiene en la ley, la concentración de funciones en Educación genera un escenario propicio para la presión y la alineación institucional.
Un segundo elemento es la renuncia implícita a una política pública de ciencia, tecnología e innovación.
El nuevo ministerio no incorpora en su nombre estos campos, y en los últimos años la subsecretaría de investigación de Senescyt ya había perdido dinamismo.
La fusión parece consolidar esta tendencia: se refuerza el rol administrativo en admisión y becas, mientras que la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento quedan relegados.
Esto se traduce en una pérdida de prestigio social del posgrado y en la potencial migración de profesionales altamente calificados, lo que significa un desperdicio de la inversión nacional en talento humano.
La función incierta de la educación técnica
El impacto se proyecta con especial fuerza sobre los institutos técnicos y tecnológicos, que corren el riesgo de asimilarse a los colegios bajo la tutela del Ministerio de Educación.
Ello podría entorpecer su rol en la oferta de educación superior técnica, sector en el que el Estado ha invertido más de 59 millones de dólares en 2024 para su fortalecimiento.
En contraste, las universidades, por su autonomía, no enfrentarían una afectación inmediata, aunque sí un entorno menos favorable para el impulso a la investigación.
Finalmente, esta reconfiguración debe leerse en un plano más amplio de política económica.
La supresión de organismos vinculados con ciencia y ambiente coincide con la apuesta del Gobierno por un modelo extractivista centrado en la minería.
Ciencia, Tecnología e Innovación: la gran ausente
Como señala Vizuete, en lugar de promover investigación para dar valor agregado a los recursos naturales.
La fusión institucional refleja una decisión de priorizar la exportación de materias primas en bruto, sacrificando las posibilidades de transformación productiva a través del conocimiento.
En síntesis, el Decreto 100 sería una medida administrativa de austeridad. Representa una reorientación estratégica:
- Aumento del control político sobre universidades e institutos.
- Renuncia explícita a la política de ciencia, innovación y transferencia tecnológica.
- Debilitamiento del prestigio del posgrado y riesgo de fuga de talento.
- Consolidación de un modelo extractivo que posterga la construcción de una economía del conocimiento.
El desafío que se abre ahora es si la nueva institucionalidad podrá responder a las demandas de un sistema de educación superior diverso y en crecimiento, o si, por el contrario, se profundizará el vacío de políticas en ciencia y tecnología, comprometiendo el futuro del país en términos de desarrollo.
