El presidente propone impuesto del 12 % a utilidades empresariales, impactando directamente a socios, accionistas y distribución de dividendos.
El presidente presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales.
Con carácter de urgencia económica, que incorpora una contribución única del 12 % sobre utilidades empresariales distribuidas como dividendos entre socios o accionistas.
Daniel Noboa propone esta estrategia
El presidente respalda firmemente la nueva tasa del 12 % a utilidades empresariales, incluido en su cuarto proyecto de ley económica urgente, como parte de una estrategia fiscal estructural.
La iniciativa propone fortalecer el control tributario sobre distribuidores de dividendos y cerrar vacíos en la evasión fiscal.
Sin implicar medidas como impuesto al patrimonio ni afectar la liquidez del sector productivo.
¿Qué impacto tiene esta reforma tributaria?
La nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno establece un impuesto único del 12 % sobre las utilidades empresariales distribuidas, aplicable dentro del mismo ejercicio fiscal en que se generan, sin importar si los socios o accionistas residen o no en Ecuador.
Las sociedades domiciliadas o con establecimiento permanente en el país actuarán como agentes de retención, debiendo retener el 100 % del impuesto al momento de decidir la distribución de dividendos, según lo registrado en el acta de junta.
Esta medida busca fortalecer el control fiscal y asegurar el cumplimiento tributario en tiempo real.
El impuesto para no residentes en el país
La reforma tributaria también establece una tarifa diferenciada para no residentes y estructuras societarias complejas.
A los accionistas o socios que no residan en Ecuador se les aplicará una retención del 10 % sobre utilidades distribuidas.
Sin embargo, si se detecta la participación de jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, o si el beneficiario final resulta ser un residente ecuatoriano, la tarifa se incrementará automáticamente al 14 %.
Además, en casos donde exista falta de transparencia o incumplimiento informativo sobre la composición societaria, también se aplicará la tarifa máxima del 14 %, como medida para prevenir la evasión y el uso de paraísos fiscales.
Esta disposición refuerza los controles sobre la planificación fiscal agresiva y promueve una mayor transparencia tributaria internacional.
