Crisis carcelaria en el Ecuador: fugas y recapturas. El país enfrenta un caos penitenciario, violencia, corrupción y colapso institucional.
Crisis carcelaria en el Ecuador: fugas y recapturas. El país enfrenta un caos penitenciario, violencia, corrupción y colapso institucional.
Ecuador vivió esta semana una serie de acontecimientos que volvieron a evidenciar la profundidad de la crisis que golpea al sistema penitenciario nacional.
La fuga de un cabecilla del narcotráfico, la recaptura de otro líder del crimen organizado, motines en cárceles provinciales.
Además, destitución de jueces por corrupción y la aprobación de una ley que endurece penas para adolescentes infractores.
Marcaron una nueva etapa en la lucha del país por recuperar el control de sus cárceles y enfrentar al crimen estructurado.
¨La crisis penitenciaria en Ecuador se refiere a la grave situación de deterioro y violencia dentro del sistema carcelario, caracterizada por el hacinamiento, la corrupción, la falta de infraestructura adecuada, la violencia entre bandas criminales y la dificultad para garantizar los derechos de los reclusos. Este panorama ha escalado en los últimos años, evidenciado por masacres y enfrentamientos violentos, así como por el aumento de la corrupción y la falta de control dentro de las prisiones¨, señala el abogado Darío Cando, experto en derecho penitenciario.
Desde enero de 2024, cuando se fugó el líder criminal alias Fito, Ecuador mantiene un estado de excepción permanente en su sistema penitenciario.
A esto se suma la declaración oficial de “conflicto armado interno” contra más de 20 bandas criminales, catalogadas por el Estado como organizaciones terroristas.
Las Fuerzas Armadas han asumido el control parcial de varias cárceles, pero los problemas persisten:
Como hacinamiento, corrupción estructural, violencia entre bandas y ausencia de programas de rehabilitación siguen marcando el día a día de los centros penitenciarios.
Actualmente, más de 35 mil personas privadas de libertad se encuentran recluidas en condiciones críticas.
Lejos de ser espacios de reinserción social, muchas cárceles se han convertido en centros de operación de grupos delictivos, donde se planifican delitos, se extorsiona y se asesina con complicidad interna.
Realidad penitenciaria en el país
El abogado penalista, Erick Ordóñez, especialista en derechos humanos y justicia penal, advierte que
¨La realidad carcelaria ecuatoriana en el primer semestre de 2025 ha evidenciado una crisis de dimensiones históricas, con impactos profundos en el tejido social y en la institucionalidad del país¨.
Según Ordóñez, no bastan las medidas de fuerza o las reformas legales punitivas; se requieren reformas estructurales.
Asimismo, transparencia judicial y prevención social, para evitar que las cárceles continúen siendo dominios del crimen.
Esta crisis no es nueva, pero ha escalado de manera alarmante desde 2020. En los últimos cinco años, masacres carcelarias han dejado centenares de muertos, en enfrentamientos entre bandas que luchan por el control interno de pabellones y el manejo de economías ilícitas.
A ello se suma un preocupante nivel de corrupción institucional: funcionarios penitenciarios, policías e incluso jueces.
Quienes han sido vinculados a redes que facilitan traslados irregulares, privilegios a ciertos reclusos, y hasta fugas planificadas con apoyo interno.
Además, la falta de infraestructura adecuada, la escasez de personal capacitado, y la ausencia de políticas efectivas de rehabilitación han debilitado aún más la capacidad del Estado para ejercer control.
Ley de Integridad Pública
En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, que permite juzgar como adultos a adolescentes infractores, ha sido vista por algunos sectores como un intento de respuesta rápida que podría tener efectos contraproducentes, al atacar las consecuencias pero no las causas.
En definitiva, la crisis carcelaria en el Ecuador: fugas y recapturas, no solo es un problema de seguridad interna, sino un reflejo del colapso institucional.
También, de un sistema judicial frágil, de políticas criminales reactivas y de un Estado que ha cedido espacios claves al crimen organizado.
Superar esta emergencia requiere más que operativos: implica reconstruir la institucionalidad, fortalecer el sistema judicial y generar oportunidades sociales para evitar que nuevas generaciones caigan en el ciclo delictivo.
Fuga de alias ¨Fede¨ reavivó la crisis
La reciente fuga de Federico Gómez Quintín, alias Fede, presunto cabecilla de la banda Los Águilas, aliada de Los Choneros, desde la Penitenciaría del Litoral.
Ha reactivado la alarma nacional e internacional sobre el profundo deterioro del sistema penitenciario ecuatoriano y la corrupción que lo atraviesa.
El escape se produjo el viernes 20 de junio bajo circunstancias que evidencian una coordinación interna de alto nivel.
Según las primeras investigaciones de la Fiscalía y del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad), Fede abandonó el penal vestido con uniforme militar, aprovechando un cambio de guardia.
De manera sospechosa, las cámaras de videovigilancia no registraron la salida y los protocolos de emergencia no se activaron en el momento del hecho.
En las horas siguientes, se anunció la detención de 22 personas, incluidos 19 militares, dos funcionarios del SNAI y un privado de libertad.
Todos investigados por su presunta participación en la operación de fuga. Las autoridades sospechan que se trató de un plan bien realizado.
El presidente Daniel Noboa se pronunció de inmediato, calificando el hecho como un “acto de traición a la patria”.
Ordenó que Fede sea declarado “objetivo militar” y ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a su captura.
Además, el Gobierno señaló que este hecho demuestra la necesidad de profundizar la depuración de las instituciones del Estado.
Para el abogado penalista, Darío Cando, este caso:
“Muestra con claridad cómo la corrupción institucional ha alcanzado niveles críticos, permitiendo no solo fugas como esta, sino el fortalecimiento de estructuras delictivas dentro del sistema penitenciario”
Motín en Riobamba
Un nuevo motín registrado esta semana en la cárcel de Riobamba ha vuelto a encender las alarmas sobre el colapso del sistema penitenciario en Ecuador.
El hecho dejó un herido, el hermano de Daniel Salcedo una pieza clave en el Caso Metástasis y en la investigación del caso de la muerte del excandidato Villavicencio.
El incidente ocurrió el martes 24 de junio, este tipo de acontecimientos no es nuevo, y menos en casos de cabecillas trasladados a Riobamba, una cárcel de mínima seguridad, sin una estructura segura.
Ecuador enfrenta crisis con reformas y depuración judicial
En medio del colapso del sistema carcelario, el Gobierno ha emprendido una serie de medidas que, aunque responden a la urgencia del momento.
Abren un intenso debate sobre los límites del castigo, la función de la justicia y la fragilidad del Estado.
Dos de esas medidas han marcado la agenda esta semana: la destitución de jueces involucrados en actos de corrupción judicial y la aprobación de una ley que permite juzgar como adultos a adolescentes infractores.
El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado anunciaron la destitución de varios jueces que habrían dictado fallos a favor de miembros del crimen organizado.
Según las investigaciones, estos magistrados facilitaron traslados irregulares, reducciones de penas e incluso excarcelaciones para cabecillas de bandas como Los Choneros y Los Lobos.
En algunos expedientes se evidencia que ciertos reos fueron trasladados hasta seis veces en un año, sin criterios técnicos ni jurídicos que lo justifiquen, estas acciones se vinculan con el llamado Caso Metástasis.
Simultáneamente, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida Ley de Integridad Pública, que incluye un cambio fundamental en el tratamiento penal juvenil.
A partir de su vigencia, adolescentes de entre 16 y 18 años podrán ser juzgados como adultos si cometen delitos graves como asesinato, sicariato, secuestro o narcotráfico a gran escala.
Las penas podrán alcanzar 15 años de cárcel, en condiciones similares a los adultos.
Destitución de jueces y endurecimiento de penas para adolescentes
Las medidas tomadas en medio del caos carcelario responden a una misma urgencia:
Recuperar el control frente al crimen organizado, que ha involucrado tanto cárceles como instituciones.
Estas decisiones son síntomas de un Estado que intenta reconstruir su autoridad en medio de un colapso estructural que afecta no solo al sistema penitenciario, sino también al sistema judicial, educativo y social.
Como lo expresa el abogado penalista, Erick Ordóñez:
“La crisis carcelaria ecuatoriana no se resolverá únicamente con endurecimiento de penas o intervenciones militares. Es imprescindible fortalecer la institucionalidad, invertir en la capacitación y depuración de los funcionarios penitenciarios y judiciales, y desarrollar estrategias de prevención social que ofrezcan alternativas reales a quienes hoy son captados por el crimen”.
Captura de alias ¨Fito¨ no resuelve la proliferación del crimen organizado
La recaptura de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, tras más de un año y medio prófugo, constituye un hito crucial en el marco de la crisis carcelaria que enfrenta Ecuador.
Este evento no solo evidencia los esfuerzos operativos y de inteligencia que ha desplegado el Estado para combatir el crimen organizado.
Sino que también expone las graves limitaciones estructurales del sistema penitenciario nacional. La captura se llevó a cabo en una vivienda de Manta, donde Fito se ocultaba en un búnker subterráneo.
Esta sofisticada estructura, con acceso restringido y diseñada para resistir eventuales allanamientos, refleja el nivel de preparación y recursos con los que cuentan estas organizaciones criminales, que extienden su influencia mucho más allá de las prisiones.
El operativo que permitió su captura fue resultado de un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejército, la Policía Nacional y unidades de inteligencia.
Quienes lograron sorprender a Fito sin necesidad de enfrentamientos armados ni uso de la fuerza letal.
La acción fue planificada minuciosamente tras meses de seguimiento, vigilancia y recopilación de información.
Lo que evidenció la importancia de fortalecer los mecanismos de inteligencia para combatir a estas estructuras delictivas.
No obstante, el hecho de que Fito haya permanecido prófugo por tanto tiempo pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema penitenciario y de seguridad del país.
La corrupción interna, la infiltración de bandas criminales en instituciones estatales y la falta de control efectivo dentro de las cárceles.
Han permitido que líderes de alto perfil escapen y mantengan el control sobre actividades ilícitas desde el exterior.
La crisis penitenciaria del Ecuador no está resuelta con la detención
Aunque celebraron la recaptura como un triunfo del Estado, la detención de alias Fito es un golpe simbólico a las mafias.
Sin embargo, no resuelve las causas estructurales que han permitido la proliferación del crimen organizado dentro y fuera de las prisiones.
En este contexto, Darío Cando, abogado penalista, menciona:
¨Es imprescindible no solo mantener y mejorar las capacidades de inteligencia y coordinación interinstitucional, sino también impulsar reformas profundas en el sistema penitenciario, judicial y social. Solo así será posible enfrentar las raíces del problema y evitar que la captura de individuos como Fito sea un hecho aislado sin un impacto duradero¨.
