Los ataques del oficialismo contra la Corte Constitucional generan alarma en organismos internacionales y cómo funciona la narrativa. Te explicamos lo que está sucediendo.
16 artículos y una disposición transitoria de tres leyes enviadas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por la Asamblea están suspendidos por la Corte Constitucional.
La suspensión se dio tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos.
Los especialistas en derecho constitucional habían advertido que las leyes tramitadas con el carácter de “económicas urgentes” no cumplían con el principio de unidad de materia, es decir, no guardaban coherencia entre sus contenidos.
A pesar de estas advertencias, la Asamblea las aprobó en plazos muy reducidos.
Entre los primeros en interponer recursos estuvieron Unidad Popular o el Frente de Trabajadores. En total, se han sumado 12 organizaciones y colectivos y siete ciudadanos que presentaron acciones contra las normas.
En julio de 2025, la Corte Constitucional admitió a trámite las demandas contra tres leyes:
- Ley Orgánica de Solidaridad Nacional: cinco demandas admitidas.
- Ley Orgánica de Integridad Pública: doce demandas admitidas.
- Ley Orgánica de Inteligencia: dos demandas admitidas.
Hasta inicios de agosto ingresaron 39 acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, para que sean tramitadas, deben cumplir con los parámetros de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Como antecedente, la Corte ya había suspendido de manera provisional 17 artículos y una disposición transitoria de las mismas leyes.
El trasfondo político y social de la Corte Constitucional
La decisión de la Corte ha provocado un enfrentamiento directo con el Ejecutivo y sus aliados legislativos. Noboa convocó a una marcha en Quito respaldada por asambleístas oficialistas.
En las calles también se movilizaron organizaciones sociales, esta vez en defensa de la Corte y de la independencia judicial.
Una fotografía con la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acompañados por militares y policías, fue interpretada como un gesto de presión institucional contra la Corte.
A esto se sumaron las pancartas con los rostros de los nueve jueces constitucionales y la consigna: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Este mensaje visual encendió las alarmas internacionales. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, declaró:
“Los ataques a los jueces de la Corte son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho”.
En la misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, expresó preocupación por la presión política ejercida desde el poder, advirtiendo que esto puede debilitar la legitimidad de las instituciones y erosionar la confianza en la democracia.
Qué es la acción de inconstitucionalidad presentados en la Corte
De acuerdo con el especialista en derecho público Jaime Dousdebés, en su artículo explica sobre la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo que busca garantizar la supremacía de la Constitución y la coherencia del ordenamiento jurídico.
Supremacía de la Constitución: ninguna ley ni disposición puede contradecir lo establecido en la Carta Magna, que es la norma suprema.
Coherencia del ordenamiento jurídico: todas las normas —leyes, reglamentos, códigos— deben ser compatibles entre sí y con la Constitución, evitando contradicciones que afecten la seguridad jurídica.
Este control abstracto permite revisar leyes en general (sin necesidad de un caso particular) para identificar y corregir incompatibilidades.
La Corte Constitucional, como garante, interviene únicamente cuando detecta una contradicción evidente con la Constitución.
Qué es y qué hace la Corte Constitucional
La constitucionalista Karina Puyol explica que la Corte es un órgano autónomo, independiente y con funciones específicas:
- Qué es: el máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional.
- Qué funciones cumple: revisa la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea, resuelve conflictos de competencias, y protege los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
- Para qué sirve: dicta jurisprudencia que se convierte en guía para jueces y operadores de justicia, protegiendo así a la ciudadanía frente a posibles abusos normativos.
- Por qué es atacada: al limitar el margen de acción del Ejecutivo y de la Asamblea, se la percibe como un “obstáculo político”. Debilitar su autonomía significaría retroceder en la protección de derechos y acentuar la inestabilidad democrática.
La narrativa comunicacional para hacer ‘mala’ a la Corte Constitucional
Según Iván Sierra, investigador en opinión pública, en entrevista en Radio Pichincha, el oficialismo construye un relato donde la Corte es presentada como el “villano”.
En esta narrativa:
- Los buenos: el presidente Daniel Noboa, su gobierno y sus aliados.
- El malo: la crisis de seguridad y la Corte, que al suspender artículos de las leyes frena, según el discurso oficial, la lucha contra el crimen organizado.
- Las víctimas: los ecuatorianos que sufren los efectos de la inseguridad.
De acuerdo con Sierra, este marco narrativo busca polarizar: la ciudadanía debe elegir entre alinearse con “los buenos” o con “los malos”.
El bando que logre conectar con más personas a través de un discurso emocional y convincente será el que gane terreno en la disputa por la opinión pública.
