En medio de tensión política, Corte Constitucional bloquea leyes que otorgaban poderes extraordinarios al Gobierno de Daniel Noboa.
En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional bloquea leyes impulsadas como urgentes por el Ejecutivo, al admitir múltiples demandas de inconstitucionalidad contra tres cuerpos legales clave: la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional.
Los jueces emitieron medidas cautelares que suspenden 17 artículos y disposiciones de forma provisional, tras determinar que podrían vulnerar derechos fundamentales y principios constitucionales.
Ley de Inteligencia: artículos sobre espionaje, datos y fondos, suspendidos
Entre los textos bloqueados por la Corte Constitucional están artículos de la Ley de Inteligencia que permitían:
- Obligación de operadoras a entregar datos personales.
- Operaciones secretas sin control ciudadano.
- Uso de recursos sin fiscalización legislativa.
La decisión fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, quienes alertaron que esta ley abría la puerta al espionaje institucionalizado.
Ley de Integridad Pública: rechazo a transformación forzada de cooperativas
La Corte Nacional también suspendió la disposición que obligaba a cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en bancos privados en un plazo de 90 días.
La medida fue tomada tras la demanda presentada por sectores del sistema financiero popular y solidario, que la consideraban atentatoria contra el derecho a la libre asociación económica.
Ley de Solidaridad Nacional: Corte frena artículos sobre indultos y conflictos armados
En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte Nacional suspendió artículos que definían conceptos como grupo armado organizado y otorgaban al Ejecutivo poderes ampliados para declarar conflicto armado interno o conceder indultos presidenciales diferidos.
Organizaciones sociales alertaron sobre el uso excesivo del poder punitivo del Estado y posibles violaciones a derechos durante estados de excepción.
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¿Qué sigue ahora?
La suspensión es provisional, y se mantendrá mientras la Corte Constitucional estudia a fondo las demandas de inconstitucionalidad.
Este fallo se convierte en un precedente clave en el debate sobre el uso del carácter urgente en la legislación nacional.
Gobierno y Asamblea rechazan la decisión judicial
Tras conocerse que la Corte Constitucional bloquea leyes urgentes impulsadas por el Ejecutivo, el Gobierno reaccionó con firmeza.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó en cadena nacional que la decisión
“no es un acto neutro” y advirtió que la suspensión de los artículos clave “deja sin defensa legal al país” en medio de una grave crisis de seguridad. “Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién responde por quienes arriesgan la vida en las calles?”, cuestionó Rovira, refiriéndose al rol de policías y militares.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, respaldó el pronunciamiento y exigió una explicación pública del máximo tribunal.
“¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República?”, señaló.
Olsen enfatizó que las leyes fueron aprobadas por mayoría y legitimidad, y que la Corte Constitucional bloquea leyes que dotaban de respaldo jurídico a las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado.
Ambos funcionarios coincidieron en que el pronunciamiento de la Corte Constitucional, comunicado inicialmente por boletín,
“anula la voluntad del pueblo ecuatoriano” sin un debido proceso de deliberación abierta.
El Ejecutivo acusa a la Corte de debilitar la respuesta institucional frente a la violencia y la inseguridad.
El mensaje oficial fue claro: el país no puede enfrentar su mayor crisis con herramientas legales desactivadas por decisiones “sin rostro y sin fundamentos”.
