Corte Constitucional analizará caso de adopción de parejas del mismo sexo
Corte Constitucional analizará caso de adopción homoparental que genera polémica nacional y enfrenta derechos, ley vigente y modelo de familia.
Corte Constitucional analizará caso de adopción homoparental el próximo 30 de enero, en una audiencia reservada que ha generado una fuerte controversia jurídica, política y social en el país.
El proceso se origina en una acción extraordinaria de protección presentada por dos mujeres contra el Registro Civil, luego de que la entidad negara la inscripción de una menor con los apellidos de ambas.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional los límites del poder judicial, la vigencia del texto constitucional y el alcance de los derechos parentales en Ecuador.
Donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, pero la adopción homoparental continúa expresamente restringida por la Constitución.
¿Por qué el Registro Civil negó la inscripción?
Según los antecedentes del proceso, el Registro Civil rechazó la solicitud de inscripción alegando que la menor nació mediante reproducción asistida, una figura que no está contemplada de forma expresa en las normas actuales de filiación.
Esta decisión fue respaldada por fallos de primera y segunda instancia, que concluyeron que no existía vulneración de derechos.
Tras agotar esas instancias, las demandantes acudieron a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.
Mecanismo que permite revisar si una sentencia judicial vulneró derechos constitucionales en un caso concreto, sin modificar leyes ni normas generales.
¿Está en juego la adopción homoparental?
Aunque en redes sociales se ha afirmado que la Corte podría “legalizar” la adopción por parejas del mismo sexo.
Expertos constitucionales y plataformas de verificación han aclarado que el proceso no implica una reforma legal ni un cambio automático en la Constitución.
Sin embargo, distintos sectores advierten que un eventual fallo favorable podría sentar un precedente interpretativo.
Que en la práctica abriría la puerta a nuevos reclamos judiciales sobre filiación y adopción homoparental, pese a la prohibición constitucional vigente.
Cabe recordar que la Constitución ecuatoriana establece de forma expresa que la adopción corresponde únicamente a parejas de distinto sexo.
Lo que convierte este caso en uno de los más sensibles que deberá analizar el máximo órgano constitucional.
Críticas por prioridades y “activismo judicial”
El anuncio de la audiencia ha generado críticas de sectores ciudadanos que cuestionan que la Corte Constitucional priorice este tipo de casos en medio de crisis nacionales.
Como los problemas energéticos y económicos que enfrenta el país.
Han denunciado lo que consideran un intento de “ingeniería social” impulsado desde los tribunales.
Advierten sobre el riesgo de que los jueces excedan sus competencias al reinterpretar normas constitucionales sin un mandato democrático.
En ese contexto, varios grupos han anunciado su intención de intervenir en el proceso como amicus curiae.
Con el objetivo de defender el modelo de familia reconocido en la Constitución y exigir respeto al principio de separación de poderes.
Lo que sí está claro hasta ahora
Pese a la polémica, hay varios puntos jurídicos que permanecen claros:
- La audiencia del 30 de enero no constituye una sentencia
- La Corte Constitucional no ha tomado una decisión
- No se ha modificado la ley ni la Constitución
- No se ha legalizado la adopción homoparental en Ecuador
Incluso si la Corte llegara a determinar una vulneración de derechos, los efectos del fallo serían limitados al caso específico, aunque podrían ser utilizados como referencia en futuros litigios.
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Un debate que trasciende lo legal
Mientras las demandantes buscan el reconocimiento legal de su núcleo familiar.
El caso evidencia una discusión más profunda sobre hasta dónde puede llegar la interpretación judicial sin alterar la voluntad popular expresada en la Constitución.
La decisión que adopte la Corte Constitucional será observada con atención, no solo por su impacto jurídico.
Sino por sus implicaciones sociales y políticas, en un país donde el debate sobre familia, filiación y derechos continúa abierto.
