Correísmo investigará a María Fernanda Vargas por presunta relación con Norero
Correísmo investigará a María Fernanda Vargas tras difusión de videos que la vinculan con el narcotraficante Leandro Norero y sanciones.
Correísmo investigará a María Fernanda Vargas luego de la difusión de videos y chats que presuntamente la relacionan con el narcotraficante Leandro Norero.
Uno de los nombres más relevantes dentro de las investigaciones del denominado caso Metástasis, que destapó presuntos nexos entre crimen organizado y estructuras políticas en Ecuador.
La controversia estalló tras la circulación de material audiovisual que generó una fuerte reacción política y mediática.
Obligando a la Revolución Ciudadana (RC) a pronunciarse públicamente y anunciar una investigación interna que podría derivar en sanciones disciplinarias, incluida una eventual expulsión del movimiento.
Correísmo investigará a María Fernanda Vargas y activará su Comisión de Ética
La dirigencia nacional de la Revolución Ciudadana confirmó que el caso será analizado por su Comisión de Ética, instancia encargada de evaluar la conducta de autoridades electas que pertenecen al movimiento.
Según voceros partidarios, el objetivo es determinar si la alcaldesa incurrió en alguna falta grave que contravenga los principios éticos y políticos de la organización.
Desde la cúpula del correísmo se ha insistido en que el movimiento “no encubrirá a nadie” y que actuará con firmeza ante cualquier señalamiento que comprometa la transparencia o la imagen del proyecto político.
La investigación se desarrollará de manera interna, pero no se descarta que sus conclusiones tengan repercusiones políticas inmediatas.
Videos y chats del caso Metástasis desatan el escándalo
El material difundido provendría de los archivos judiciales del caso Metástasis, una investigación que reveló la presunta infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado, el sistema judicial y espacios de poder local.
En los videos y chats que circulan en redes sociales se sugiere una cercanía entre María Fernanda Vargas y Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022.
Norero fue señalado por las autoridades como un importante operador financiero del narcotráfico, con vínculos con organizaciones criminales y capacidad para influir en decisiones políticas y judiciales.
La aparición del nombre de la alcaldesa en este contexto ha generado preocupación y cuestionamientos a nivel nacional.
Alcaldesa niega vínculos con Norero
Ante el impacto del escándalo, María Fernanda Vargas ha rechazado categóricamente cualquier relación con Leandro Norero.
La alcaldesa ha calificado los señalamientos como “falsos” y ha denunciado una supuesta campaña de desprestigio en su contra, asegurando que jamás ha tenido contacto con estructuras criminales.
Vargas sostiene que los videos han sido sacados de contexto y que no existe ninguna prueba legal que la vincule con actividades ilícitas.
No obstante, la presión pública y política ha obligado al correísmo a avanzar con el proceso interno para evitar mayores costos reputacionales.
Impacto político y presión ciudadana
El anuncio de que Correísmo investigará a María Fernanda Vargas se produce en un contexto de creciente sensibilidad ciudadana frente a los vínculos entre política y crimen organizado.
Diversos sectores han exigido transparencia y sanciones ejemplares en caso de comprobarse responsabilidades.
Analistas políticos coinciden en que este caso podría convertirse en un precedente clave para medir la capacidad de los movimientos políticos de depurar sus filas y enfrentar escándalos relacionados con la narcopolítica.
La decisión que adopte la Revolución Ciudadana será observada de cerca tanto por la opinión pública como por otros actores del sistema político.
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Lo que viene en el proceso interno
En los próximos días, la Comisión de Ética del correísmo deberá revisar el material difundido, escuchar los descargos de la alcaldesa y emitir un informe con recomendaciones.
Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la separación definitiva del movimiento.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones y mantiene a la alcaldesa bajo el escrutinio público, en un episodio que vuelve a evidenciar la fragilidad de la política ecuatoriana frente al avance del crimen organizado.
