Correa rechaza sentencia de Jorge Glas en caso Reconstrucción
El expresidente Rafael Correa calificó la sentencia a Jorge Glas como una “monstruosidad jurídica” y denunció persecución política contra el correísmo.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, se pronunció este lunes 30 de junio de 2025 tras conocerse la sentencia de 13 años de prisión contra su exvicepresidente, Jorge Glas, por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Correa calificó el fallo de la Corte Nacional de Justicia como “realmente demencial” y sostuvo que “ni siquiera hay delito, peor aún un peculado para la pena máxima”. También acusó a los jueces de actuar por motivaciones políticas.
“¿Estamos LOCOS? ¿Estos ‘jueces’ no tienen sangre en la cara?”, escribió el exmandatario, denunciando que ya no existe reserva moral en el país.
Correa criticó sentencia contra Jorge Glas
Correa también rechazó la inhabilitación política de 25 años contra Glas y Carlos Bernal, exsecretario técnico de Reconstrucción, además de la multa impuesta de 250 millones de dólares.
Señaló que la sentencia responde a una “vulgar persecución” por discrepancias con obras ejecutadas durante su gobierno.
“Todo por una vulgar persecución, basada en que a Pablo Celi y a la Fiscalía no les gustó el parque Las Vegas, el puente sobre el río Mataje o la vía Manta-Colisa”, manifestó.
El exgobernante aseguró que las obras fueron priorizadas legalmente por el Comité Técnico de Reconstrucción, tal como establecía su competencia.
“Fueron condenados por hacer obras de forma ‘arbitraria’, cuando su función era priorizar obras. La sentencia ya estaba escrita”, indicó.
La sentencia: peculado por uso indebido de fondos
El tribunal, conformado por Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal abusaron de fondos recaudados por la Ley de Solidaridad, que debía atender a víctimas del terremoto de 2016.
La Fiscalía probó que priorizaron obras no urgentes, algunas inconclusas, generando un perjuicio de más de 225 millones de dólares al Estado.
La justicia estableció que los acusados usaron sus cargos para desviar recursos públicos que debían destinarse a emergencias, lo que constituye peculado según la legislación vigente.