Correa denuncia condiciones de militares en la Cárcel del Encuentro
Correa denuncia condiciones de militares tras difundir imágenes desde la Cárcel del Encuentro, generando preocupación nacional y debate político.
Correa denuncia condiciones de militares tras difundir imágenes que, según afirmó, muestran el estado en el que viven soldados encargados de la seguridad en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
La publicación del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, generó preocupación ciudadana y abrió un nuevo debate sobre el trato que reciben los uniformados en medio de la crisis carcelaria que atraviesa el país.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario cuestionó duramente al actual Gobierno, al que calificó como “inútil, indolente, corrupto y ausente”.
En su mensaje, Correa expresó su solidaridad con los militares y sus familias, asegurando que la situación que atraviesan es “absolutamente innecesaria” y pudo evitarse con una adecuada gestión estatal.
Las imágenes difundidas muestran espacios reducidos y condiciones que, según el exjefe de Estado, no serían dignas para el personal militar que cumple funciones de alto riesgo en este centro penitenciario.
¿Qué es la Cárcel del Encuentro y por qué es clave en la crisis carcelaria?
La Cárcel del Encuentro es una prisión de máxima seguridad, construida como parte de la estrategia del Estado para enfrentar la grave crisis del sistema penitenciario ecuatoriano.
Marcada por altos niveles de violencia, motines y presencia de organizaciones criminales.
Este centro fue diseñado para albergar internos considerados de alta peligrosidad y reforzar el control estatal.
Sin embargo, la denuncia del expresidente puso el foco no solo en los privados de libertad, sino también en las condiciones en las que trabajan y permanecen los militares asignados a su custodia.
Reacciones políticas y opinión ciudadana
Tras la difusión del material, varios medios nacionales replicaron la información, provocando reacciones divididas.
Mientras algunos sectores respaldaron la denuncia y exigieron explicaciones al Gobierno, otros cuestionaron el origen y el contexto de las imágenes difundidas.
La polémica reavivó el debate sobre la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones dignas para quienes cumplen labores de seguridad en escenarios complejos, como los centros de privación de libertad.
En redes sociales, la opinión ciudadana se convirtió en un factor clave, evidenciando la sensibilidad del tema y la creciente preocupación por el bienestar de los uniformados en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
