Autoridades socializan a ciudadanos extranjeros en situación irregular sobre control migratorio en Cotopaxi
En la provincia de Cotopaxi se realizó la socialización de procedimientos que se aplicarán en el control migratorio para ciudadanos extranjeros que no han regularizado su situación en el país.
Este procedimiento lo realizaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Dirección de Migración de Cotopaxi.
Anita Guanoluisa, defensora pública de Cotopaxi, explicó que estos operativos se ejecutan debido a la finalización del Decreto Ejecutivo 453, que otorgaba un plazo de tres años para que los migrantes pudieran legalizar su estadía en Ecuador.
“Desde este mes se están realizando controles migratorios, especialmente en sectores como Brazales y Las Parcelas, donde se ha detectado presencia significativa de personas extranjeras”, detalló Guanoluisa.
Proceso y derechos constitucionales
Guanoluisa recalcó que todo procedimiento debe respetar el debido proceso y la notificación previa a los ciudadanos extranjeros.
“Tanto las personas nacionales como extranjeras están protegidas por la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto, cualquier acción debe ajustarse a los marcos legales correspondientes”, explicó.
Según la defensora, se están estableciendo canales de coordinación entre las instituciones para garantizar que el proceso migratorio se cumpla con total transparencia y respeto a los derechos humanos.
Migrantes viven y trabajan con sus familias
Durante la socialización se evidenció que muchas personas migrantes se encuentran radicadas desde hace varios años en el cantón Latacunga.
Varias familias trabajan en actividades como la fabricación de bloques de la zona.
“Son familias completas que llevan mucho tiempo asentadas en la provincia, por eso se debe actuar con sensibilidad y conforme a la ley”, expresó Guanoluisa.
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Audiencias y posibles deportaciones
Las autoridades informaron que las personas extranjeras que no hayan realizado el proceso de regularización durante los tres años que estuvo vigente el decreto, serán notificadas antes de iniciar un proceso de deportación.
“Primero se emite una notificación, se realiza un estudio de cada caso y, si se determina que la persona no ha sido regularizada, se convoca a una audiencia donde participa la Defensoría Pública. Si no se justifica su permanencia legal, se procede con la deportación”, explicó la funcionaria.
Necesidad de datos actualizados
Finalmente, Guanoluisa señaló que es urgente contar con un estudio actualizado que determine el número exacto de personas extranjeras en situación migratoria irregular en Cotopaxi.
Esto ayudará a establecer políticas públicas acordes a la realidad de la situación.
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