El Gobierno de Daniel Noboa plantea en la consulta popular 2025 reducir de 151 a 71 el número de asambleístas. La medida promete ahorro, pero genera dudas sobre la representatividad.
El presidente Daniel Noboa incluyó en el cuestionario de la consulta popular y referendo, una pregunta que plantea la reducción drástica del número de integrantes de la Asamblea Nacional.
Actualmente, la Asamblea está conformada por 151 legisladores: 15 nacionales, dos por provincia más uno adicional por cada 200.000 habitantes, y seis representantes del exterior.
La fórmula planteada por el Gobierno reduciría esta cifra a un máximo de 71 asambleístas: 10 nacionales, uno por provincia y uno más por cada 400.000 habitantes, además de tres representantes en el exterior.
Según el Ejecutivo, cada asambleísta percibe USD 4.759 mensuales, lo que implica un gasto anual de más de USD 8,6 millones solo en sueldos.
La reducción, según el Gobierno, aliviaría el presupuesto estatal, aunque expertos advierten que este ahorro representa menos del 1% del Presupuesto General del Estado.
El oficialismo sostiene que el país tiene un número excesivo de legisladores y que la reducción responde al sentir ciudadano.
La idea no es nueva. En 2023, el expresidente Guillermo Lasso planteó una reducción menos drástica —de 137 a 121 asambleístas—, pero el 52,82 % de los votantes rechazó la propuesta.
Segunda pregunta aprobada por la Corte Constitucional
Reducción de asambleístas, el criterio de Giuseppe Cabrera
El analista político Giuseppe Cabrera calificó de “cínico” el intento del Gobierno de Daniel Noboa de impulsar en la consulta popular la reducción de la Asamblea Nacional.
Desde su perspectiva, el problema no radica en el número de legisladores, sino en la calidad de los candidatos que postulan los partidos.
“Me parece de un cinismo enorme. No es un problema de cantidad de legisladores, sino de quiénes son los candidatos que los partidos postulan. Si se eligieran mejores representantes, la Asamblea funcionaría mejor”, señaló Cabrera.
Uno de los puntos que más preocupa al analista es el impacto en la representatividad territorial. Explicó que, con esta reforma, provincias pequeñas como Chimborazo pasarían de cuatro a un legislador, lo que debilitaría la voz política de sus ciudadanos.
“Si ahora, teniendo dos vicepresidentes de la Asamblea, no logran impulsar obra pública para Chimborazo, con un solo legislador será imposible”, advirtió.
Sobre el argumento oficial de que la reducción significaría un ahorro económico en beneficio de la obra pública, Cabrera lo calificó como “mentiroso y tramposo”.
Recordó que la Asamblea representa apenas el 0,3 % del gasto público, mientras que rubros como propaganda gubernamental consumen muchos más recursos. “
Gastamos más en publicidad que en mantener una de las instituciones fundacionales de la democracia. El verdadero objetivo es acumular poder, no reducir gastos”, subrayó.
Cabrera también advirtió que la mala imagen del Legislativo podría empujar a los votantes a aprobar la propuesta, pero consideró que se trata de un recurso demagógico que no soluciona el problema de fondo.
“Lo correcto no es debilitar a la institución, sino ofrecer mejores candidatos. Así se castiga a los partidos que postulan a malos legisladores”, afirmó.
Finalmente, recordó que esta misma pregunta ya fue planteada y rechazada en la consulta de Guillermo Lasso, lo que demuestra que el interés no es escuchar a la ciudadanía sino insistir en una medida que responde a cálculos políticos.
“La Asamblea representa diversidad y contrapeso al Ejecutivo. Reducirla sería un retroceso democrático y un golpe para las provincias con menor población”, concluyó.
Jonathan Segura, reducir la Asamblea es simbólico, no una solución
Jonathan Segura, docente universitario, analizó la propuesta incluida en la consulta popular para reducir el número de asambleístas de 151 a 71.
Su análisis se centra que la medida podría significar un ahorro anual de alrededor de 8 millones de dólares, pero se trata de un beneficio limitado frente a otros rubros estatales como la comunicación de la Presidencia.
En su opinión, el debate no debería centrarse en la cantidad de legisladores, sino en la calidad de quienes ocupan esas curules.
“Podemos tener 24, 70 o 150 asambleístas, pero si no están preparados y capacitados para su función, el resultado será el mismo”, señaló.
El docente advirtió que la propuesta tendría un impacto en provincias como Chimborazo, que pasaría de cuatro a dos legisladores, lo que debilitaría la representatividad.
“No necesariamente menos asambleístas significan mejores debates. Podríamos tener el mismo show con menos actores”, sostuvo.
Jonathan considera que esta medida debería enmarcarse en una reforma estructural más amplia.
Destacó que Ecuador necesita cambios profundos en su Constitución, adaptados a la realidad post-pandemia y a los retos globales actuales, pero no necesariamente una nueva Carta Magna.
En este sentido, criticó que preguntas como la reducción de asambleístas se planteen a la ciudadanía de manera reiterada mediante consultas populares, en lugar de discutirse como reformas parciales en la Asamblea.
Sobre el trasfondo de estas propuestas, afirmó que se utilizan como herramientas de campaña política más que como soluciones de Estado.
“Podemos tener la peor Asamblea del mundo, pero es necesaria en una república para legislar y fiscalizar. Sin un órgano legislativo fuerte no existe contrapeso al Ejecutivo”, enfatizó.
Finalmente, cuestionó que se priorice el número de curules en lugar de la formación profesional y política de los legisladores.
“El problema es que personas sin preparación toman decisiones de gran trascendencia, como juicios políticos, sin tener conocimientos mínimos. La solución está en los partidos políticos, que deben formar a sus cuadros y garantizar representantes con capacidad y liderazgo, no en reducir el número de curules”, concluyó.
