Una asambleísta correísta cuestiona al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía por falta de jueces, selectividad e inacción que agravan la crisis de la justicia en Ecuador.
La asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana ha advertido que la Fiscalía General del Estado atraviesa una situación “delicada”.
Una de las razones es por la ausencia de un fiscal general titular y la permanencia de una autoridad subrogante sin avances en el proceso de designación.
Según la legisladora correísta, esta debilidad institucional se refleja en una aplicación desigual de la justicia.
Señala que mientras algunos casos avanzan con rapidez, incluso con allanamientos inmediatos, otros procesos de alto perfil permanecen estancados durante años.
Asambleísta de la RC5 cuestiona el trabajo de Fiscalía
Entre los casos señalados constan investigaciones relacionadas con presunto narcotráfico y corrupción, como Noboa Trading, Blasti, Porch y Altares, iniciadas desde 2023.
Refiere que pese a su gravedad y a solicitudes de cooperación internacional, no registrarían avances sustanciales.
Palacios también denunció la ejecución de allanamientos basados en denuncias anónimas contra opositores políticos, sin investigaciones previas ni convocatorias a rendir versión.
En contraste, procesos debidamente documentados que involucran a funcionarios cercanos al Gobierno no muestran avances, lo que refuerza la percepción de un uso político del sistema penal y pone en duda la independencia de la Fiscalía.
Más allá del debate político, la provincia de Chimborazo refleja con hechos concretos la crisis estructural de la justicia.
Abogados en libre ejercicio denuncian que la falta de jueces y personal judicial mantiene audiencias y juicios paralizados durante tres, cuatro y hasta más de seis años, cuando por norma estos procesos no deberían superar un año.
Chimborazo: el colapso judicial como evidencia material de la crisis
La abogada Paola Vimos señaló que esta situación no es aislada.
Desde su estudio jurídico mantiene entre siete y diez procesos represados en materias penal, civil y de familia.
Según la jurista, anteriormente las audiencias se señalaban en menos de un mes; hoy los procesos tardan en promedio entre tres y cuatro años.
Uno de los factores centrales del colapso judicial es la ausencia de jueces.
En Chimborazo, varios magistrados se jubilaron, otros fueron destituidos y algunos fallecieron durante la pandemia de COVID-19, sin que sus vacantes hayan sido cubiertas.
Actualmente, cuando deberían existir al menos doce jueces en salas de segunda instancia, apenas cuatro están en funciones.
La carga ha recaído sobre un solo tribunal penal que conoce todas las causas de la provincia, haciendo inviable una agenda oportuna de audiencias.
Además, abogados se cuestionan la ausencia de concursos públicos de méritos y oposición, ya que el último se habría realizado en 2015.
Desde entonces, las contrataciones se efectuarían de forma discrecional, sin procesos abiertos ni transparencia.
Silencio institucional y riesgos para el Estado
Pese a que las autoridades han reconocido públicamente la falta de jueces, no existen soluciones estructurales visibles como la reincorporación de funcionarios restituidos, la designación de jueces temporales o una declaratoria de emergencia judicial.
Esta inacción podría derivar en indemnizaciones millonarias a favor de jueces no reincorporados, cuyos costos recaerían directamente en el Estado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de la Judicatura
¿Por qué se habla de una crisis en la justicia ecuatoriana?
Porque existen denuncias de selectividad en la Fiscalía, retrasos extremos en procesos judiciales y una grave falta de jueces y personal, especialmente en provincias como Chimborazo.
¿Qué problemas enfrenta la Fiscalía General del Estado?
La Fiscalía no cuenta con un fiscal general titular, presenta inacción en casos de alto perfil y ha sido señalada por ejecutar allanamientos sin investigaciones previas contra opositores políticos.
¿Qué ocurre con los procesos judiciales en Chimborazo?
Muchos procesos permanecen paralizados durante años debido a la falta de jueces y personal administrativo, vulnerando el derecho a una justicia oportuna.
¿Por qué faltan jueces en Chimborazo?
Las vacantes dejadas por jubilaciones, destituciones y fallecimientos no han sido cubiertas, y jueces restituidos por sentencias judiciales no han sido reincorporados.
¿Qué riesgos implica esta crisis para el Estado?
La inacción podría derivar en demandas e indemnizaciones millonarias contra el Estado, además de un deterioro profundo de la confianza ciudadana en la justicia.
