Concejales de Riobamba aprueban resolución que permite analizar publicaciones y llevarlas a Fiscalía, debatiendo sobre libertad de expresión.
Con siete votos a favor y sin ningún voto en contra, el Concejo Municipal aprobó una resolución que permite que publicaciones difundidas en medios de comunicación, portales digitales y plataformas web puedan ser analizadas jurídicamente.
Además, de considerarse procedente, derivadas a la Fiscalía General del Estado.
La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria del 24 de diciembre de 2025 y marca un precedente en la relación entre la institucionalidad municipal, los concejales de Riobamba y los medios de comunicación.
Esto, con el fin de establecer un mecanismo formal de análisis previo frente a contenidos considerados lesivos.
El punto tratado tuvo su origen en la sesión del 17 de diciembre de 2025, cuando en asuntos varios el concejal Carlos Aulla puso en conocimiento del Concejo Cantonal la existencia de presuntas publicaciones que, a su criterio, afectarían la imagen institucional, la honra de autoridades y funcionarios públicos, así como el normal desarrollo de la gestión municipal.
Este antecedente fue el que motivó el debate posterior entre los concejales de Riobamba, pese a que Aulla no estuvo presente en la sesión en la que finalmente se resolvió el tema.
Aun con esa ausencia, el pleno avanzó con el análisis y la votación de la propuesta, al considerar que el tema no se limitaba a una situación individual, sino que involucraba a la institución en su conjunto.
Durante el debate, el alcalde John Vinueza sostuvo que la iniciativa debía ser asumida por el Concejo como cuerpo colegiado, al tratarse de una situación que, según indicó, involucra a todos sus integrantes.
Incluidos los concejales de Riobamba, quienes —según se expuso— han sido objeto de cuestionamientos en distintos espacios digitales.
“La ciudad necesita paz y tranquilidad, no solamente en redes”
John Vinueza
Esta postura fue planteada como una respuesta a un escenario que, según se dijo en el pleno, ha generado confrontación política y desgaste institucional.
¿Qué implica la resolución en la que los concejales de Riobamba podrán llevar a los medios a Fiscalía?
La resolución aprobada consta de dos artículos.
El primero dispone que la Procuraduría Síndica Municipal realice un análisis jurídico y técnico de los hechos puestos en conocimiento del Concejo y, de considerarlo procedente, presente la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado o ante las unidades judiciales penales o multicompetentes pertinentes.
Este análisis se enfocará en posibles infracciones penales relacionadas con:
- La difusión de información en medios impresos y digitales;
- El uso de plataformas web y redes sociales;
- El financiamiento y administración de estos espacios digitales;
- La identificación de responsabilidades vinculadas a los contenidos publicados.
El informe resultante deberá ser conocido previamente por los concejales de Riobamba, como parte del procedimiento institucional definido en la resolución.
El segundo artículo establece que la ejecución de la resolución estará a cargo de la Procuraduría Institucional, que deberá elaborar un informe motivado y remitirlo al alcalde y, por su intermedio, al Concejo Municipal.
Este procedimiento busca delimitar responsabilidades y evitar acciones directas sin sustento técnico, según se explicó durante la sesión.
¿La resolución limita a la libertad de expresión?
Durante el debate, la concejala Micaela Lema planteó observaciones sobre el alcance legal de la resolución.
Advirtió que los delitos contra la honra son de carácter personal y no pueden ser patrocinados con recursos públicos.
Por lo que solicitó que quede claramente delimitado que la actuación de la Procuraduría se circunscriba a ataques contra la institución y no a situaciones individuales de autoridades o funcionarios, incluidos los concejales de Riobamba.
Ante estas inquietudes, el procurador síndico Marcelo Treviño explicó que la Procuraduría no puede patrocinar querellas, ya que estas corresponden al ámbito particular. Precisó que su rol será analizar los hechos y emitir informes técnicos.
Si del análisis se desprende que se trata de un asunto personal, la información será remitida a los concejales de Riobamba para que, de manera individual, decidan si inician acciones legales.
Otro eje central del debate fue la posible afectación a la libertad de expresión y de prensa.
Desde el Concejo se recordó que la Constitución garantiza estos derechos, pero también establece límites, como el derecho a la réplica y la obligación de contrastar la información.
La Procuraduría sostuvo que la libertad de expresión no es absoluta y que el análisis previo busca determinar si se han vulnerado normas o derechos antes de iniciar cualquier acción penal que involucre a los concejales de Riobamba o a la institución.
Con esta resolución, el Concejo Municipal habilita un mecanismo institucional de análisis previo que podría derivar en denuncias ante la Fiscalía, sin que ello implique acciones automáticas contra medios de comunicación.
No obstante, la decisión abre un debate jurídico sobre los límites entre la defensa institucional, el rol de los concejales de Riobamba y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
