Concejal de Colta implicada en presunta estafa, Fiscalía revela red familiar que habría vendido terrenos repetidamente a decenas de víctimas.
La Fiscalía General del Estado abrió un proceso penal contra Norma C., concejal de Colta y actual vicealcaldesa del cantón, por su presunta participación en un presunto delito de estafa masiva a través de la inmobiliaria Carrillo Group, empresa conformada por varios miembros de su familia.
Las investigaciones de la Fiscalía revelan que desde Riobamba se ofertaban terrenos mediante redes sociales y contratos privados.
Muchos de los cuales fueron vendidos a varias personas a la vez o incluso pertenecían a terceros que desconocían de las transacciones.
¿Cómo ocurrió la estafa donde la concejal de Colta está involucrada?
El abogado José Luis Díaz, defensor de al menos diez víctimas, detalló que la audiencia de formulación de cargos.
La misma que fue convocada para el viernes 14 de noviembre, a las 08:00, por el juez Nelson Rodríguez, quien notificará a la concejal de Colta Norma C. y a su hermano Paúl C., sobre el inicio del juicio penal en su contra.
Ambos son investigados por la presunta captación de dinero mediante engaños, promesas incumplidas y falsificación de documentos en la venta de terrenos.
Según Díaz, la empresa integrada por no menos de cuatro hermanos creó la inmobiliaria Carrillo Group con sede en Riobamba, desde donde operaban ofreciendo propiedades y viviendas.
Las ofertas, que circulaban ampliamente en internet, atraían a compradores de distintas ciudades del país.
“Estas personas captaban dinero de interesados y se quedaron con el dinero. O un mismo terreno les vendían a tres o cuatro personas y recibían el dinero de tres o cuatro personas”, explicó el abogado,
José Luis Díaz
Además, aseguró que el perjuicio afecta a decenas de familias, entre ellas adultos mayores que entregaron sus ahorros de toda una vida.
El jurista señaló que las estafas incluían la venta de terrenos ajenos, cuyos verdaderos dueños nunca autorizaron las transacciones.
Los montos de los inmuebles ofertados iban desde USD 10.000 hasta USD 100.000, dependiendo de la ubicación y el tamaño de los predios.
“Incluso se ha demostrado que algunos terrenos ya vendidos fueron revendidos a terceras, cuartas y quintas personas”
José Luis Díaz
Y detalló que las pruebas recabadas por la Fiscalía incluyen documentos, versiones, contratos y peritajes que evidencian el perjuicio.
Tras más de un año de investigación, la Fiscalía concluyó que existen suficientes elementos para formular cargos contra los implicados.
La etapa de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, tiempo durante el cual la concejal de Colta Norma C. podría llegar a un acuerdo de reparación con las víctimas o enfrentar un juicio penal.
El abogado Díaz fue enfático en señalar la gravedad del caso, dado que una autoridad electa está siendo procesada.
“Lo condenable, en este caso, es que una de las procesadas es una autoridad en funciones, una autoridad que ha tenido la confianza del pueblo coltense, y que lamentablemente en manos de este pueblo coltense tenemos autoridades de ese nivel”, afirmó.
José Luis Díaz
El jurista recordó además que la Fiscalía ya mantiene una orden de prisión preventiva contra Paúl C., considerado el representante legal de la inmobiliaria, y mencionó que el caso guarda similitud con otros fraudes inmobiliarios ocurridos en Riobamba.
Habrían recibido amenzas de la concejal de Colta
Durante el proceso, Díaz denunció haber recibido amenazas contra su integridad y la de las víctimas.
“Hemos sido amenazados de tal manera que han pretendido nuestro silencio. Pero nosotros estamos formados principalmente para que los delitos no queden en impunidad”, aseguró.
José Luis Díaz
El abogado advirtió que este caso revela un problema estructural en el sistema político y judicial.
“Es reprochable que como sociedad tengamos autoridades procesadas, con grilletes o restricciones judiciales, ejerciendo cargos públicos”.
José Luis Díaz
El delito de estafa, según el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas de cinco a siete años de prisión y puede agravarse cuando las víctimas son personas de la tercera edad o cuando los perjuicios económicos son considerables.
Mientras avanza el proceso, la Fiscalía deberá decidir si lleva a juicio a la concejal de Colta Norma C. y a su hermano Paúl C., o si se logra una reparación integral con las víctimas, quienes aún esperan justicia tras haber perdido los ahorros de toda una vida en manos de la inmobiliaria.
La concejal de Colta afronta este proceso penal que ha generado conmoción en el cantón, donde varios ciudadanos cuestionan que una autoridad local esté vinculada en hechos de estafa.
Para la comunidad, el caso de la concejal de Colta representa una prueba de la confianza quebrantada entre los votantes y sus representantes.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que la concejal de Colta y su hermano deberán comparecer ante la justicia en los próximos días.
