Transportistas podrán acceder a la compensación por alza del diésel si cumplen estos requisitos técnicos y registran sus vehículos.
El Gobierno de Ecuador oficializó un nuevo mecanismo de compensación por alza del diésel destinado a los transportistas, buscando mitigar el impacto económico del ajuste del combustible.
La medida fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 180, firmado el 9 de octubre de 2025 por el presidente Daniel Noboa Azín, como respuesta directa al retiro del subsidio al diésel automotriz.
El decreto establece que esta compensación se aplicará mensualmente a los propietarios de vehículos de transporte comercial, que operen bajo modalidades de carga pesada, liviana, escolar o institucional.
La decisión surge en un contexto nacional de manifestaciones y paralizaciones que ya superan las dos semanas, encabezadas por la Conaie y gremios transportistas.
El Ejecutivo afirma que el objetivo es proteger la sostenibilidad del sector del transporte y evitar que el aumento del combustible afecte los precios de productos y servicios esenciales.
Compensación por alza del diésel para transportistas mensual
Según el Decreto 180, la compensación por alza del diésel será económica y mensual, entregada mediante transferencias bancarias o retiros directos en ventanilla autorizada.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) calculará los valores individuales según el consumo de diésel y la diferencia entre el precio actual y el valor de USD 1,79 por galón.
El Banco Central del Ecuador administrará los pagos utilizando el Sistema de Pagos Interbancarios, asegurando transparencia y rapidez en la acreditación de los recursos.
Además, la Unidad de Registro Social verificará la información de los beneficiarios, controlando que los montos lleguen a quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa.
El mecanismo busca equilibrar los costos operativos del transporte comercial y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la economía nacional.
Requisitos para acceder a la compensación por alza del diésel
El Artículo 2 del decreto establece condiciones precisas para recibir la compensación. Los propietarios deberán estar registrados en la Agencia Nacional de Tránsito con estado activo.
También deben demostrar que sus vehículos utilizan diésel como combustible principal y forman parte del servicio comercial de carga, transporte mixto o escolar.
La verificación de datos estará a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, quienes actualizarán la información de matriculación vehicular de manera continua.
El Comité de Optimización Energética definirá los parámetros técnicos y la metodología para identificar a los beneficiarios legítimos, evitando duplicaciones o errores en los registros.
Este control cruzado entre entidades pretende garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y un manejo transparente del subsidio compensatorio.
Instituciones a cargo del proceso
El Decreto Ejecutivo 180 asigna responsabilidades específicas a diversas instituciones públicas para garantizar una ejecución integral del mecanismo de compensación por alza del diésel.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte validará la base de datos de beneficiarios y determinará los montos según las necesidades operativas de cada transportista.
La Unidad de Registro Social consolidará la información nacional, mientras que el Ministerio de Desarrollo Humano será responsable de realizar las transferencias económicas mensuales.
Por su parte, los municipios deberán mantener actualizada la información vehicular que respalda el cálculo de la compensación, fortaleciendo la trazabilidad de cada caso.
El decreto garantiza que los beneficiarios mantendrán acceso a otros programas sociales, incluso si reciben esta compensación económica mensual adicional.
Una medida en medio de tensiones sociales
La eliminación del subsidio al diésel ha generado una de las mayores crisis sociales de 2025, con marchas en varias provincias y protestas en carreteras principales.
Los transportistas alegan que el alza incrementa sus costos y amenaza la estabilidad de sus negocios, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para reducir el gasto fiscal.
El Ejecutivo asegura que el ahorro permitirá redirigir fondos hacia programas de educación, salud y desarrollo rural, beneficiando a sectores vulnerables de la población ecuatoriana.
En contraste, organizaciones indígenas y sindicatos sostienen que la reforma impacta de forma desigual y piden su suspensión inmediata o una revisión integral del sistema.
Con la compensación por alza del diésel, el Gobierno intenta equilibrar los intereses del Estado con la estabilidad económica del transporte, un sector clave para el país.
Su implementación marcará un punto decisivo en la relación entre las políticas energéticas del Ejecutivo y las demandas sociales de miles de trabajadores del transporte.
El resultado de esta medida se evaluará en las próximas semanas, cuando se realicen los primeros desembolsos a los transportistas registrados en el nuevo sistema.
Si logra su objetivo, el decreto podría convertirse en un modelo de transición hacia un sistema energético más sostenible y socialmente responsable en Ecuador.
