Dos asambleístas de Chimborazo votaron a favor y dos en contra de la ley 70/30 que reforma el COOTAD y obliga a los GAD a destinar el 70 % a inversión.
Los cuatro representantes de Chimborazo en la Asamblea Nacional votaron divididos frente a la denominada ley 70/30, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y establece nuevos límites en la distribución del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La votación de los legisladores chimboracenses fue la siguiente:
- Mishel Mancheno (ADN): Sí
- Keevin Gallardo (ADN): Sí
- Carmen Tiupul (Independiente): No
- Patricia Núñez (Revolución Ciudadana RC5): No
El resultado evidencia una clara división política en la provincia: dos votos a favor y dos en contra de una reforma que ha generado amplio debate a nivel nacional.
¿Qué establece la ley de los GAD?
La reforma al COOTAD fue aprobada el 20 de febrero de 2026, en sesión desarrollada en Samborondón, con 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, tras cerca de dos horas de debate y con 150 legisladores presentes.
El proyecto, calificado como urgente en materia económica, dispone que los GAD deberán destinar obligatoriamente el:
- 70 % del presupuesto a inversión (obra pública, infraestructura y proyectos de desarrollo).
- 30 % a gasto corriente (sueldos, funcionamiento administrativo y otros gastos operativos).
El objetivo, según sus proponentes, es priorizar obras y servicios básicos en los territorios.
Argumentos a favor desde Chimborazo
El asambleísta Keevin Gallardo defendió su voto afirmativo mediante una publicación en redes sociales, en la que expuso cifras de la realidad provincial:
- El 15,31 % de la población consume agua de baja calidad.
- El 37,8 % de las viviendas no cuenta con alcantarillado.
- El 18,80 % de los niños menores de 5 años no accede a agua por red pública.
Según el legislador, estas cifras reflejan que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades en su uso.
En su criterio, la ley obligará a enfocar el presupuesto en obras que transformen las condiciones de vida de la población.
Posturas en contra de la reforma
Desde la otra orilla, la asambleísta Patricia Núñez cuestionó la iniciativa desde semanas antes de su aprobación, calificándola como “mañosa”.
A su criterio, el Gobierno mantiene deudas con los gobiernos autónomos del país y esta reforma sería una forma de evitar el pago pendiente.
Por su parte, Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, explicó en un video difundido en redes sociales que la normativa podría frenar proyectos sociales y comunitarios.
Señaló que su decisión se fundamenta en su experiencia de trabajo en un gobierno parroquial de Chimborazo, desde donde —aseguró— se evidencian las limitaciones que impondría la nueva distribución presupuestaria.
¿Qué pasará en Riobamba?
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, señaló en rueda de prensa que, en el caso del cantón, los proyectos sociales no se verán afectados, ya que cuentan con financiamiento a través de proyectos de inversión y no están catalogados como gasto corriente.
Esto significa que, al menos en Riobamba, la aplicación de la ley no alteraría la ejecución de programas sociales municipales, según la autoridad local.
Un debate que continúa
La aprobación de la ley 70/30 marca un nuevo escenario para la gestión presupuestaria de los GAD en todo el país.
Mientras sus defensores sostienen que garantizará mayor inversión en infraestructura y servicios básicos, sus detractores advierten posibles limitaciones para programas sociales y cuestionan el contexto financiero en el que se impulsa la reforma.
En Chimborazo, la votación dividida de sus asambleístas refleja que el debate también está presente a nivel provincial y que el impacto real de la normativa se evaluará en su aplicación práctica.
Preguntas frecuentes asambleístas de Chimborazo
¿Cómo votaron los asambleístas de Chimborazo sobre la ley de GAD?
Dos votaron a favor (Mishel Mancheno y Keevin Gallardo) y dos en contra (Carmen Tiupul y Patricia Núñez), evidenciando una división en la representación provincial.
¿Qué establece la ley 70/30?
Obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a destinar el 70 % de su presupuesto a inversión y el 30 % a gasto corriente.
¿Por qué algunos asambleístas votaron en contra?
Argumentan que la reforma podría afectar proyectos sociales y que existe una deuda del Gobierno central con los GAD.
¿Se afectarán los proyectos sociales en Riobamba?
Según el alcalde John Vinueza, no, ya que estos se financian mediante proyectos de inversión y no como gasto corriente.
