Comerciantes de Riobamba piden reforma por altos costos de permisos municipales
Comerciantes de Riobamba reclaman altos costos permisos municipales; exigen pagos anuales y control a informalidad en reforma de ordenanzas.
En una sesión de Concejo Municipal, la Asociación de Comerciantes de los Establecimientos Educativos de Riobamba expuso sus preocupaciones sobre las ordenanzas que regulan el uso del espacio público, especialmente en torno a los costos de los permisos y la simplificación de trámites.
El debate reunió a concejales, técnicos municipales y al alcalde, con el objetivo de encontrar soluciones antes del inicio del nuevo año lectivo.
Fabiola Cepeda, representante de la asociación, explicó que el cambio de la modalidad de pago anual a mensual encareció significativamente los permisos debido a la exigencia de formularios adicionales.
Detalló que anteriormente el valor era de USD 37,44 anuales, mientras que actualmente se eleva a USD 85,44. Además, informó que de las 240 personas que trabajan en 30 unidades educativas censadas, solo 94 cuentan con permisos vigentes.
Cepeda advirtió que la proliferación de vendedores informales incrementa los problemas, desde la competencia desleal hasta situaciones de amenaza y desorden.
Por ello, solicitó que los pagos vuelvan a realizarse de manera anual y que exista un control más riguroso que garantice condiciones equitativas para quienes cumplen con las ordenanzas.
Municipio responde a los comerciantes
El alcalde John Vinueza reconoció que la normativa vigente presenta contradicciones, vacíos y trámites duplicados que generan cargas innecesarias para los comerciantes.
Señaló que se trabaja en una reforma para consolidar una licencia única de actividades económicas, la cual permitirá simplificar requisitos y reducir costos. “Un solo trámite, uno solo, al año. Pero, para tenerlo, hay que cumplir ciertas cosas”, expresó.
El burgomaestre recalcó que la formalización de la actividad no solo beneficia a los comerciantes, sino también a la seguridad de los estudiantes en los centros educativos, al permitir identificar a quienes expenden alimentos y garantizar que cumplan con normas de salubridad.
Sin embargo, fue enfático en señalar que el Municipio debe actuar dentro del marco legal: “Ese es mi límite, no puedo irme fuera de la ley”.
Debate en el Concejo Municipal
Durante la sesión, varios concejales coincidieron en que debe garantizarse la igualdad de condiciones para todos los comerciantes.
Algunos ediles plantearon que los cobros se ajusten al tiempo real de actividad, 200 días lectivos, y no a 12 meses, como ocurre actualmente.
De esa manera, los permisos se adaptarían al calendario escolar, evitando cobros en meses de vacaciones.
Otros propusieron incluir a los comerciantes educativos dentro de la ordenanza que regula kioscos, remolques y food trucks, con el fin de unificar los criterios normativos y evitar superposiciones legales.
También se destacó la necesidad de reforzar los controles frente a la informalidad, dado que, según cifras municipales, en Riobamba existen más de 7.600 vendedores informales.
Los concejales advirtieron que la competencia desleal afecta directamente a los comerciantes que cumplen con la normativa, pues mientras ellos pagan permisos, mantienen sus espacios limpios y cumplen con capacitaciones, los informales operan sin regulaciones y sin sanciones efectivas.
En ese sentido, algunos ediles consideraron que la solución no debe ser permitir la informalidad, sino abrir caminos para que todos los vendedores se formalicen bajo reglas claras.
Propuesta de costos y permisos será revisada por comisión
El Concejo resolvió conformar una mesa técnica liderada por la Dirección de Servicios Municipales, que trabajará en la redacción de un texto consolidado para someterlo a segundo debate.
El objetivo es que la reforma esté lista antes del inicio del año lectivo 2025-2026, de manera que los comerciantes cuenten con un marco legal más claro, simplificado y justo.
El debate dejó en evidencia que el desafío no se limita a la reducción de trámites o costos, sino que involucra aspectos sociales, de salud pública y de seguridad.
La discusión continuará en los próximos meses con la participación activa de comerciantes, concejales y autoridades municipales, con la meta de construir una ordenanza equilibrada que permita formalizar el comercio sin perjudicar a las familias que dependen de esta actividad.
