Los clientes podrán aplazar los pagos de sus préstamos en bancos y cooperativas hasta septiembre de 2025 en Ecuador.
Desde el 31 de marzo de 2025, los clientes de la banca pública y privada, así como de las cooperativas de ahorro y crédito, podrán beneficiarse de un diferimiento temporal y extraordinario de las cuotas de sus préstamos hasta el 30 de septiembre de 2025.
Este alivio financiero se podrá aplicar tanto por solicitud del cliente como por iniciativa de las entidades financieras.
Para acceder a este beneficio, los clientes deberán expresar su aceptación de manera explícita, ya sea en persona o mediante los canales digitales que las entidades financieras habiliten para tal fin.
Una de las principales ventajas de este mecanismo es que no se generarán costos adicionales por el diferimiento.
Es decir, no habrá tarifas ni costos legales asociados a la gestión del diferimiento, lo cual es un alivio significativo para aquellos clientes que se encuentran en situaciones económicas difíciles.
Además, no se aplicarán intereses por mora sobre las cuotas diferidas, lo que garantiza que el monto total a pagar no aumente debido a esta medida.
A pesar de la flexibilidad de la medida, las entidades financieras deberán notificar a los clientes si aplican o no intereses sobre las cuotas diferidas.
Esta transparencia es clave para que los usuarios estén completamente informados sobre las condiciones de su diferimiento.
¿Cómo aplazar los pagos de los préstamos en Ecuador?
Este diferimiento forma parte de una serie de medidas implementadas por la Junta de Regulación Financiera para mitigar los efectos de la crisis energética que ha golpeado al país.
En noviembre de 2024, ya se había concedido un alivio financiero similar por un plazo de 90 días, pero debido a la persistencia de la crisis, la medida fue extendida hasta septiembre de 2025.
Los clientes interesados en acogerse a este diferimiento deben seguir un procedimiento simple: deberán comunicar su aceptación de manera clara a la entidad financiera.
Esta medida es opcional, lo que significa que cada cliente decidirá si la aplica según su situación económica.
Las entidades financieras, por su parte, están obligadas a brindar toda la información necesaria para que los usuarios tomen decisiones
