Anuncian movilización en Riobamba contra el fideicomiso de la EERSA y alertan sobre riesgos de privatizar el patrimonio eléctrico de Chimborazo.
La defensa del patrimonio público y de la soberanía energética provincial vuelve a movilizar a las organizaciones sociales de Chimborazo.
Este martes 20 de enero, colectivos sindicales, indígenas, populares y ciudadanía organizada convocan a un plantón en los exteriores de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA), en rechazo a la posible firma del fideicomiso de la EERSA.
Una figura que, según denuncian, comprometería el control público de una empresa construida con el esfuerzo histórico del pueblo chimboracense.
La movilización es impulsada por Pilar Fernández, coordinadora de turno de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas de Chimborazo.
Fernández explicó que esta acción responde a la convocatoria de la Junta de Accionistas de la EERSA, instancia que deberá pronunciarse sobre la constitución del fideicomiso de la EERSA.
“Hoy se pretende nuevamente con una figura que significa entregar los recursos a un grupo de empresarios o empresas que a costa del trabajo y esfuerzo de un pueblo. Quieren llevarse a precio de gallina robada, el fideicomiso.”
Pilar Fernández
Desde la perspectiva de las organizaciones sociales, este mecanismo representa un riesgo real de privatización encubierta de los recursos eléctricos de la provincia y una amenaza directa a la administración pública del servicio.
Fernández sostiene que la EERSA no es únicamente una empresa de servicios, sino un símbolo de lucha, identidad y pertenencia colectiva.
Las organizaciones sociales recuerdan que la defensa de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. forma parte de una larga historia de resistencia popular en Chimborazo.
El manifiesto difundido señala que ya en 1976, durante el histórico paro de Riobamba, el pueblo se levantó para defender las empresas estratégicas de carácter público, entre ellas la eléctrica.
Así logrando frenar intentos de privatización que amenazaban un servicio fundamental para la vida cotidiana y el desarrollo provincial.
Organizaciones sociales advierten riesgos del fideicomiso de la EERSA y llaman a protestar
Fernández rememoró que, hace más de 25 años, cuando se intentó imponer el incremento de tarifas eléctricas por disposiciones gubernamentales, la ciudadanía respondió con organización y movilización social.
En ese proceso, destacó el papel protagónico de las mujeres de los barrios, mercados y sectores populares, quienes junto a dirigentes sociales y políticos de la época sostuvieron una lucha firme en defensa de los intereses colectivos de Riobamba y Chimborazo.
Esa memoria histórica es la que hoy vuelve a activarse frente al fideicomiso de la EERSA.
El manifiesto advierte que el actual intento de fideicomiso se enmarca en una política nacional orientada a ampliar la participación privada en sectores estratégicos.
Según el documento, el Decreto Ejecutivo 032, emitido en junio de 2025, obliga a las empresas eléctricas del país a contratar fideicomisos para administrar los recursos provenientes de la recaudación y del alumbrado público, bajo argumentos de eficiencia, seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.
Para las organizaciones sociales, este contexto explica el avance del fideicomiso de la EERSA como una imposición más que como una decisión consensuada con la ciudadanía.
Sin embargo, los colectivos sostienen que esta medida prioriza el cobro de las empresas privadas generadoras de energía y podría afectar gravemente la inversión local, la generación propia y la ampliación del servicio eléctrico en las zonas más alejadas de la provincia.
Además, advierten que este proceso se contrapone a la Constitución de la República, que establece que la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.
En ese marco, el fideicomiso de la EERSA es visto como una figura que abre el camino a la pérdida progresiva del control público.
Fernández fue enfática al expresar la postura del movimiento social.
“No vamos a permitir, esta es una empresa que debemos defender”
Pilar Fernández
La movilización del martes busca incidir directamente en los accionistas de la EERSA: el Ministerio de Energía, el Consejo Provincial y los gobiernos autónomos descentralizados cantonales.
Las organizaciones exigen que las autoridades actúen con responsabilidad histórica y defiendan el patrimonio eléctrico de Chimborazo por encima de presiones externas o decisiones alineadas con intereses nacionales que no consideran la realidad local.
Para los colectivos, aprobar el fideicomiso de la EERSA sería una decisión con consecuencias estructurales a mediano y largo plazo.
El plantón pretende ser una muestra de unidad y vigilancia ciudadana, reafirmando que el pueblo de Riobamba y Chimborazo permanece alerta para defender lo que considera suyo: una empresa estratégica construida con lucha, sacrificio y sentido de pertenencia colectiva.
Rechazo y el paquete accionario que sostiene el control público de la EERSA
El pronunciamiento del Comité Preparatorio Provincial de Chimborazo al 4to Encuentro Internacional de Mujeres 2026 complementa el rechazo social al fideicomiso al poner énfasis en la estructura accionaria de la EERSA, que ratifica su carácter público y territorial.
De acuerdo con el documento, el 44,18 % de las acciones pertenece al Ministerio de Electricidad y Energía; el 22,78 % al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo; el 11,23 % al Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba.
Mientras que el resto del paquete accionario se distribuye entre todos los cantones de la provincia: Guano (3,85 %), Guamote (5,21 %), Colta (2,22 %), Alausí (2,97 %), Chunchi (2,14 %), Penipe (1,19 %), Pallatanga (1,95 %) y Chambo (1,29 %).
Para las organizaciones sociales, esta composición convierte a los GAD provinciales y cantonales en actores decisivos dentro de la Junta de Accionistas.
Por lo que advierten que un fideicomiso que transfiera la administración de los recursos eléctricos dejaría al margen a los gobiernos locales y, con ello, a la voluntad popular de Chimborazo.
En ese contexto, el llamado es a que las autoridades ejerzan su responsabilidad política e institucional para proteger los recursos generados en la provincia, en coherencia con la movilización ciudadana convocada para defender el control público de la empresa eléctrica.
