La visita de María José Pinto evidencia fallas en salud pública, aunque desabastecimiento, déficit de personal y sueldos impagos siguen en Quito.
Los gritos de la vicepresidenta María José Pinto durante su visita del 24 de enero a un centro de salud del norte de Quito expusieron ante la opinión pública un sistema de atención primaria desbordado.
Pacientes que esperaban desde las 08h00 sin ser atendidos, salas de espera saturadas y ausencia de personal médico marcaron un recorrido cargado de tensión.
Sin embargo, lejos de tratarse de una falla puntual, los hechos posteriores confirmaron que el problema es estructural y persistente.
Tres días después, el 27 de enero, videos difundidos en redes sociales y una nueva inspección al mismo establecimiento revelaron un escenario aún más crítico: desabastecimiento cercano al 50 % en la farmacia, déficit de personal sanitario principalmente enfermeras.
Y lo más alarmante hasta 4 meses de sueldos impagos al personal de limpieza.
El contraste entre la reacción oficial de María José Pinto y la continuidad de las falencias evidenció que el Estado no está cumpliendo de forma efectiva con sus responsabilidades en salud pública.
María José Pinto destapa falta de la atención en el centro de salud de Quito
Durante la visita inicial, se constató que decenas de pacientes permanecían en espera por horas, algunos desde primeras horas de la mañana, sin acceso a consulta médica.
En emergencia, la situación no era distinta: personas que llegaron alrededor de las 07h00 denunciaron no haber sido atendidas hasta pasadas las 10h00.
Las quejas se repetían por la falta de turnos, exámenes y medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas, un escenario que detonó la reacción pública de María José Pinto.
Aunque varias camillas permanecían vacías, el problema no era la falta de infraestructura, sino de personal.
Médicos del establecimiento explicaron que estas áreas solo se activan en emergencias porque no existen suficientes profesionales para sostener la operación permanente.
La carga diaria alcanza cerca de 500 pacientes, atendidos por alrededor de 70 profesionales de la salud, una cifra que deja poco margen para cubrir ausencias, licencias médicas o picos de demanda.
El Estado frente al desabastecimiento y la falta de recursos
Uno de los datos más graves confirmados tras la segunda visita fue el nivel de desabastecimiento en farmacia, que bordea el 50 %.
Desde hace al menos 20 días, el centro no dispone de medicamentos esenciales como antihipertensivos, insulina para pacientes con diabetes ni analgésicos de alto impacto para el manejo del dolor intenso.
Esta escasez obliga a los usuarios a comprar medicinas por su cuenta o a suspender tratamientos, incrementando riesgos para su salud, pese a que María José Pinto cuestionó públicamente estas falencias días antes.
La falta de insumos contradice los principios de la atención primaria, que establece la provisión continua de medicamentos básicos como una obligación estatal.
Sin embargo, el problema no se limita a la farmacia. También se reporta escasez de reactivos y limitaciones para realizar exámenes médicos, algunos de los cuales solo se practican una vez por semana, afectando diagnósticos oportunos.
A este escenario se suma el déficit de enfermería. La administración del centro reconoció la falta de al menos cuatro profesionales, una carencia que impacta directamente en la atención, el control de pacientes y la operatividad de áreas críticas.
Paralelamente, el personal de limpieza acumula hasta cuatro meses sin recibir su sueldo, una deuda que vulnera derechos laborales y compromete las condiciones de higiene del establecimiento.
En paralelo, médicos rurales asignados al centro señalaron que deben cubrir por cuenta propia su movilización y seguridad cuando realizan atenciones fuera del establecimiento, pese a tratarse de actividades propias de su función y necesarias para la cobertura territorial del servicio.
El contraste entre los gritos de la Vicepresidenta y la persistencia de los mismos problemas días después deja en evidencia que la crisis del sistema de salud pública no se resuelve con visitas ni reclamos aislados.
Sin presupuesto suficiente, personal completo y medicamentos garantizados, el derecho a la salud continúa siendo una promesa incumplida, incluso después de la intervención directa de María José Pinto.
