Hugo Alexander L. O. abogado de Riobamba sentenciado de Caso Plaga ofrece disculpas y detalló plan para sobornar o secuestrar a fiscal.
En cumplimiento de su sentencia dentro del Caso Plaga, Hugo Alexander L. O. ofreció disculpas públicas este miércoles 14 de enero de 2026 en la Corte Nacional de Justicia.
La diligencia, que se desarrolló como parte de las medidas de reparación simbólica, contó con la presencia del fiscal general (e), Leonardo Alarcón, y estuvo marcada por revelaciones de alto impacto sobre el funcionamiento interno de la red criminal liderada por el hoy prófugo Cristian Romero.
Durante su intervención, el sentenciado —quien colaboró con el despacho jurídico de Romero— confesó que la estructura del Caso Plaga llegó a planificar acciones ilegales extremas para incidir en procesos judiciales de alto perfil.
Entre ellas, detalló un presunto plan para retirar a la fiscal a cargo del caso de Leandro Norero en 2022 mediante un soborno de USD 100.000 o, en caso de no lograrlo, a través de un secuestro.
Estas declaraciones se dieron en el marco de su obligación legal de reconocer públicamente los hechos por los que fue condenado.
El acto no solo tuvo un carácter formal, sino que expuso la magnitud del daño institucional causado por el Caso Plaga, una investigación que evidenció la manipulación de procesos judiciales.
Además del pago de sobornos a jueces y la obtención de hábeas corpus fraudulentos en casos emblemáticos como el denominado ‘Don Naza’.
La Fiscalía sostiene que estas prácticas contribuyeron a generar impunidad y a debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Caso Plaga: confesiones y disculpas públicas ante la justicia
En su declaración, Hugo Alexander L. O. asumió responsabilidad por su rol como colaborador dentro de una organización delictiva.
“Comparezco el día de hoy no sólo para cumplir un mandato legal, sino para demostrar la necesidad moral de reconocer mis errores y pedir perdón de manera pública y sincera”
Hugo Alexander L. O.
El sentenciado explicó que su ingreso a la red vinculada al Caso Plaga se dio mientras aún era estudiante de Derecho en Riobamba, situación que, según dijo, estuvo marcada por la necesidad económica y la ambición personal.
“La ambición desmedida me hizo perder el rumbo de lo bueno y de lo honesto”.
Hugo Alexander L. O.
Así reconoció que sus decisiones afectaron no solo al sistema judicial, sino también a su entorno familiar y profesional.
A lo largo de su mensaje, insistió en que la necesidad nunca puede justificar la vulneración de la ley.
Señaló que su arrepentimiento va más allá de lo declarativo y que acepta la sanción impuesta como un primer paso hacia su redención personal, en el contexto del Caso Plaga, uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Ecuador.
Caso Plaga: advertencia a jóvenes abogados y alcance del daño institucional
Además de las disculpas, Hugo Alexander L. O. dirigió un mensaje directo a estudiantes y abogados jóvenes del país, especialmente a quienes se forman en la llamada “Sultana de los Andes”.
“Si alguien a quien siguen como maestro o doctor realiza actos de corrupción, apártense a tiempo de esta persona, porque como dice un dicho, una manzana podrida pudre siempre”.
La Fiscalía considera que este tipo de actos públicos buscan visibilizar el impacto real de las redes de corrupción judicial.
En el Caso Plaga, las investigaciones revelaron cómo se articulaban contactos, pagos ilícitos y estrategias para influir ilegalmente en decisiones judiciales, afectando la estabilidad institucional y la credibilidad del sistema.
El sentenciado reiteró sus disculpas a la sociedad, a las instituciones públicas y, de manera especial, a su familia, a quienes dijo haber causado dolor y vergüenza.
Reconoció que defraudó la confianza depositada en él como profesional del Derecho y que su participación en el Caso Plaga dejó secuelas que trascienden lo personal.
Con este acto, el Caso Plaga suma un nuevo capítulo en el proceso de rendición de cuentas públicas, mientras la justicia ecuatoriana continúa con las investigaciones para desarticular por completo las estructuras que, según la Fiscalía, operaron durante años para corromper el sistema judicial.
