Caso Juan R., poder sindical entre denuncias en Fiscalía por presunto peculado, tráfico de influencias y faltantes que opacan su trayectoria.
Durante casi una década, Juan R. fue una figura visible en la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA). Dirigente sindical, operador de central, jefe de bodega y aspirante a cargos de poder.
Hoy, su nombre figura en un informe de Contraloría por faltantes de más de USD 66 mil, en dos expedientes fiscales por presunto tráfico de influencias y peculado, y en un acta de expulsión sindical firmada por sus propios compañeros.
“Más denuncias que logros sindicales”, así resumen con crudeza los actuales dirigentes del Comité de Empresa en el oficio No. 015-CEUTEERSA-2024, con fecha abril de 2024.
Su salida marca el final de una gestión señalada por conflictos internos, denuncias formales y una imagen cada vez más deteriorada entre los trabajadores.
2016 – 2023: Caso Juan R., una dirigencia sin rendición de cuentas del poder
¿Pero, quién es Juan R. y cuáles fueron sus inicios? Su trayectoria sindical comenzó en 2016. Durante ocho años se mantuvo en la Secretaría General del Comité de Empresa de los trabajadores de la EERSA.
Según relatan miembros del sindicato, su liderazgo no estuvo acompañado de informes, balances ni rendición de cuentas.
El 31 de octubre de 2023, una nueva directiva fue electa y recién el 22 de diciembre de 2023, tras casi dos meses de trabas, se oficializó el cambio de mando. Fue entonces cuando empezó a destaparse una serie de hechos que hoy configuran un complejo entramado legal y ético.
Abril 2024: Expulsión sindical dentro del Caso Juan R. por traición
Con la posesión de la nueva dirigencia, las irregularidades heredadas Juan R. comenzaron a salir a la luz con mayor fuerza. Las prácticas del exdirigente empezaron a ser documentadas, provocando acciones institucionales y legales por parte del Comité de Empresa.
Por lo que, el 3 de abril de 2024, la Asamblea del Comité de Empresa solicitó oficialmente a J.Ruíz la entrega de documentos, equipos y la rendición de cuentas. Al no obtener respuesta, decidieron aplicar la sanción más severa contemplada en su estatuto.
“Mediante resolución: 021-2024 se aprobó por mayoría la sanción al ex – Secretario General Juan R., según lo que establece el capítulo séptimo, sanciones, en los artículos: 54 letra ‘d’, y el artículo 55 del estatuto del Comité en la parte pertinente del literal ‘d’ manifiesta: la SANCION DE EXPULSIÓN POR TRAICIÓN al comité de Empresa Único en las acciones que realizare, por reivindicaciones, y postulados”.
La fuente protegida que entrevistó este medio de comunicación y que también participó en esta decisión fue clara: “el compañero actuó de manera irresponsable con la organización, traicionando prácticamente a la misma organización”.
Se le acusa de actuar unilateralmente, incumplir resoluciones de asamblea y presuntamente usar actas falsas para intentar perpetuarse en el cargo. Incluso habría intentado expulsar a 23 compañeros por su cuenta, lo que generó rechazo colectivo.
A pesar de haber sido convocado el 20 de marzo del 2024 a una audiencia interna para ejercer su derecho a la defensa el 3 de abril, Juan R. no asistió.
Mayo 2024: denuncia en Fiscalía por presunto tráfico de influencias con el poder
La ruptura con la organización sindical no fue el único golpe. En los días siguientes, comenzaron a surgir procesos penales en contra de Juan R., que profundizaron su situación legal.
Menos de un mes después de su expulsión sindical, el 30 de abril de 2024, se presentó en Fiscalía la denuncia, interpuesta por Luis Enrique Bonifas.
El denunciante sostiene que en 2019 entregó USD 6 mil a Juan R. con la promesa de ingresar nuevamente a la empresa. Bonifas expresó en su denuncia:
“Que mediante ofrecimiento del Sr. Juan R. de vincularme a trabajar en la Empresa, pues decía que podía mediante sus vínculos directos con las autoridades, él me daría nuevamente el trabajo, pero lamentablemente han pasado ya 5 años que le entregue SEIS MIL DOLARES americanos, que me solicitó con ese fin, y hasta la presente fecha no ha cumplido, debiendo también dejar aclarado que incluso mi padre se acercó al señor para reclamar que hasta cuando cumple con el ofrecimiento y recibiendo como respuesta que espere con calma pues posiblemente él sería nombrado gerente”.
Este presunto delito estaría constando en la indagación previa de este proceso.
Mayo 2025: Contraloría confirma faltantes por USD 66.505,95 bajo el cuidado de Juan R.
Mientras los procesos seguían su curso, una auditoría oficial reveló cifras alarmantes que conectan directamente la gestión administrativa de Juan R., con un perjuicio económico a la empresa.
Un año después, la Contraloría General del Estado publicó un informe fechado el 19 de mayo de 2025, en el que señala con precisión: “Una vez revisados los saldos contables de la cuenta: cuentas por cobrar empleados, auxiliar 0602615221 J. Ruíz se determina un saldo por cobrar USD 66.505,95 con corte al 24 de julio del 2024 según reporte contable que se adjunta…”.
El origen del faltante aún no ha sido aclarado públicamente, pero según el Comité de Empresa, todo apunta al paso de J. Ruíz, como jefe de bodega (cargo que ocupó sin cumplir el perfil técnico) durante la administración de Marco Salao.
Sin embargo, ya en el oficio No. 008-CEUTEERSA-2024, el Comité de Empresa de los trabajadores de la EERSA había solicitado que “el cambio del mencionado señor (Juan R.) sea suspendido hasta que se hagan las respectivas investigaciones en todos los conflictos que tiene pendientes”.
El informe contable confirma las sospechas de los trabajadores. Trabajadores que ya advertían posibles y presuntas irregularidades en los bienes de la EERSA, pero que lamentablemente no fueron escuchados, cuando solo intentaron proteger los recursos de los Chimboracenses.
De noviembre 2020 a junio 2025: el “Caso Guadalupe” y petición a Fiscalía de la formulación de cargos por presunto peculado
Lo que parecía grave tomó un giro aún más delicado cuando se documentó un hecho anterior, con consecuencias económicas de mayor escala. El proceso más grave, se remonta a noviembre de 2020, cuando Juan R. ejercía como jefe de bodega.
Entre el 16 y 18 de ese mes, presuntamente camiones particulares retiraron estructuras metálicas de la ex Central Guadalupe ubicada en Chambo sin documentos legales, actas ni registros contables.
La denuncia del 2021 de la Comisión Nacional Anticorrupción permitió abrir un expediente fiscal que ahora está en la etapa de indagación previa. Se conoce que los denunciantes han solicitado que la Fiscalía proponga la formulación de cargos.
El informe Nro. EERSA-OBC-2021-859-M confirmó que “una de las torres se encuentra cortada y la otra ya no existe”. Presuntamente la pérdida estaría valorada en más de USD 400 mil.
“Se tienen todas las pruebas y conocimiento detallado del caso”, dijo el abogado Guillermo Haro, convocado a rendir su versión ante Fiscalía.
Los trabajadores y colectivos anticorrupción permanecen vigilantes. El futuro judicial de Juan R. marcará un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios y la lucha contra la impunidad.
Su caso expone no solo fallas administrativas, sino también silencios prolongados, presuntos encubrimientos funcionales y una cultura de poder que permitió el posible abuso sin control durante años en el Caso Juan R. Ahora la Fiscalía deberá de actuar.
