Asamblea Nacional no aprobó el informe del caso Aidita Ati que incluía la responsabilidad del estado en su muerte. No alcalzó los 70 votos.
Con 60 votos a favor, 42 en contra, 7 abstenciones y 18 ausentes, el Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó los 70 votos requeridos para aprobar el informe de la Comisión Ocasional que investigó la muerte de la subteniente Aidita Ati.
El documento, que señalaba incumplimientos de funciones por parte de varias instituciones del Estado, fue rechazado pese a haber sido respaldado por organizaciones sociales y de mujeres.
“Aidita murió dentro de un sistema que no cumplió con ella. Lamentablemente quiso silenciarla y lamentablemente también quiso olvidarla”, declaró Patricia Núñez, asambleísta de Chimborazo y presidenta de la Comisión, tras conocer el resultado de la votación.
El informe identificaba responsabilidades por omisiones del Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y la Fiscalía General del Estado.
Según Núñez, las Fuerzas Armadas no activaron protocolos de prevención ni garantizaron un ambiente seguro; el Ministerio de la Mujer no actuó con firmeza; y la Fiscalía no formuló cargos, lo que permitió que un juez archivara temporalmente el caso.
“Hay incumplimiento de funciones que en función de los reglamentos y en función de la norma no se ejecutó como se planteaba”, explicó la legisladora.
¿Qué bancadas rechazaron el informe del Caso Ati donde responsabilizaban su muerte?
El rechazo del informe se produjo, según Núñez, por la oposición de las bancadas del Partido Social Cristiano, ADN y Construye.
“La Asamblea no aprueba el informe supuestamente porque hay tres juicios políticos”, explicó. Agregó que desde la Comisión se propuso incluso retirar los pedidos de juicio, pero mantener el contenido del informe para su aprobación. No hubo apertura.
La Comisión Ocasional había recomendado juicios políticos al ministro de Defensa, a la ministra de la Mujer y a la fiscal general del Estado por incumplimiento de funciones en la gestión del caso.
El informe fue producto de una investigación parlamentaria iniciada tras la resolución del Grupo Parlamentario de Mujeres, y representaba, según Núñez, un paso histórico para exigir justicia.
“Si un Estado no le garantiza justicia a Aidita, ¿cómo podemos sentirnos protegidas como mujeres?”, cuestionó.
Con este resultado, el informe queda archivado, pero sus conclusiones podrían ser consideradas por instancias internacionales.
