La Fiscalía acusó a todos los procesados en el Caso Altares por presunta asociación ilícita en Riobamba. La jueza deberá decidir si llama a juicio.
El Caso Altares avanza hacia una fase determinante. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la jueza declaró la validez de todo lo actuado dentro del proceso y dio paso al dictamen fiscal.
La Fiscalía emitió una acusación formal contra todos los procesados por el presunto delito de asociación ilícita.
Con este pronunciamiento, el proceso ingresó en la etapa en la que las defensas técnicas deben presentar sus argumentos y contradecir la acusación.
Una vez que la jueza escuche a todas las partes, deberá decidir si dicta un auto de llamamiento a juicio o un auto de sobreseimiento.
La audiencia se reinstalará el martes, en medio de un ambiente marcado por cuestionamientos jurídicos y tensiones procesales.
Fiscalía sostiene acusación integral contra autoridades y exfuncionarios
El fiscal del caso formuló un dictamen acusatorio contra la totalidad de los procesados, entre quienes figuran autoridades locales y exfuncionarios del cantón Riobamba.
La acusación se sustenta en los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal.
Ahora corresponde a las defensas ejercer el derecho a la contradicción antes de que la jueza adopte una resolución que definirá el rumbo de la causa.
El proceso se mantiene bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, vigente hasta que exista sentencia ejecutoriada.
¿Cómo se originó el Caso Altares?
La investigación comenzó tras la denuncia de 250 taxistas en Riobamba. Los denunciantes aseguran que entregaron USD 2.500 cada uno a un supuesto consultor que ofrecía gestionar la creación de cupos para taxis rurales.
El monto total del presunto perjuicio ascendería a USD 625.000.
Según la defensa de los afectados, la modalidad de taxis rurales no existe oficialmente en el cantón Riobamba, lo que podría evidenciar un esquema irregular para captar dinero mediante una oferta inviable desde el punto de vista normativo.
Dentro del proceso, las autoridades identificaron como testigo protegido a quien habría sido el principal receptor de los valores entregados.
Los perjudicados han insistido en su pedido de justicia y han manifestado que varios recurrieron a préstamos para cumplir con los pagos solicitados.
Allanamientos y formalización de la investigación
La Fiscalía formalizó la investigación en enero de 2025. El 30 de enero de ese año, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en el Municipio de Riobamba, la Dirección de Movilidad y varios domicilios particulares.
Como resultado de los operativos, nueve personas fueron detenidas, entre ellas funcionarios públicos, un empresario y otros ciudadanos señalados por su presunta participación en asociación ilícita.
Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no existe una orden judicial que disponga la suspensión de los funcionarios implicados, por lo que continúan ejerciendo sus cargos mientras el proceso avanza.
Retrasos, conflictos de competencia y cuestionamientos institucionales
El expediente ha atravesado múltiples incidentes procesales, entre ellos excusas de jueces, traslados del caso a otras jurisdicciones y un conflicto negativo de competencia que debió resolver la Corte Nacional.
Finalmente, se determinó que la presidenta de la Corte Provincial debía asumir el conocimiento de la causa debido al fuero que poseen algunas de las autoridades procesadas.
Estos movimientos generaron demoras que extendieron el proceso por varios meses.
En paralelo, la defensa de los afectados presentó una denuncia por presunto prevaricato contra la jueza que sustancia la causa, situación que actualmente se encuentra en investigación.
El caso también reavivó el debate sobre la falta de jueces titulares en distintas instancias judiciales del país, lo que ha obligado a magistrados de otras materias a asumir competencias penales.
Lo que podría ocurrir en los próximos días
Con el dictamen acusatorio ya presentado, la jueza deberá analizar los argumentos de la Fiscalía y de las defensas antes de resolver.
Si dicta auto de llamamiento a juicio, el proceso avanzará a la etapa de juzgamiento, donde se practicarán pruebas y se debatirá públicamente la responsabilidad penal de los procesados.
Si, por el contrario, decide sobreseer la causa o declara una nulidad, el caso podría tomar un giro procesal significativo.
La decisión marcará no solo el futuro judicial de los implicados, sino también el desenlace de una causa que ha generado expectativa entre cientos de ciudadanos en Riobamba.
Preguntas frecuentes Caso Altares acusados por presunta asociación ilícita
¿Qué es el Caso Altares?
Es un proceso judicial en Riobamba que investiga el presunto cobro irregular de dinero para la creación de cupos de taxis rurales.
¿Cuántas personas están procesadas en el Caso Altares?
Nueve personas fueron detenidas inicialmente y actualmente enfrentan un dictamen acusatorio por presunta asociación ilícita.
¿Cuánto dinero se habría recaudado según la denuncia?
250 taxistas habrían entregado USD 2.500 cada uno, lo que suma aproximadamente USD 625.000.
¿En qué etapa se encuentra el proceso?
La causa está en audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía ya emitió dictamen acusatorio y la jueza debe decidir si el caso avanza a juicio.
¿Los funcionarios procesados siguen en funciones?
Sí. Hasta el momento no existe una orden judicial que disponga su suspensión, por lo que continúan en sus cargos mientras el proceso se desarrolla.
