Cámaras de seguridad en Riobamba fueron retiradas durante un operativo conjunto entre Gobernación, Policía y la Brigada de Caballería Blindada.
La mañana del miércoles 21 de agosto de 2025, la ciudad de Riobamba fue escenario de un operativo conjunto liderado por la Brigada Blindada Galápagos, la Policía Nacional, la Gobernación de Chimborazo, el ECU-911 y la Empresa Eléctrica de Riobamba.
El objetivo de la intervención fue identificar y retirar las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos de la ciudad que no cuentan con la debida notificación ni autorización para su funcionamiento.
El director general del ECU-911, Juan Carlos Paladines, aclaró que la entidad es la única competente para regular y autorizar cámaras de seguridad en el país.
“Puede que los vecinos lo hagan con buenas intenciones, pero imagínense cuántas cámaras existen y no sabemos quién las maneja. Eso es peligroso. Pueden ser hackeadas o estar al servicio de grupos organizados”, explicó Paladines.
La medida forma parte de la política de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, que busca centralizar el control de los sistemas de vigilancia y evitar que sean manipulados con fines ilícitos.
El operativo generó malestar en la Ciudadela de Ingenieros Civiles, donde vecinos instalaron unas 20 cámaras comunitarias financiadas con recursos propios. Según su presidente, Wilson Lara, estos equipos habían ayudado a esclarecer delitos y apoyar a la Policía.
“Con nuestro sistema hemos identificado ladrones, entregado pruebas y evitado robos. No es justo que nos retiren las cámaras, nos dejan indefensos”, afirmó Lara.
Ante estas críticas, la gobernadora de Chimborazo, María José del Pozo Larrea, reconoció la organización ciudadana, pero recalcó la importancia de cumplir con la normativa:
“Ustedes han hecho un gran esfuerzo, pero toda cámara debe contar con autorización y estar integrada al sistema ECU-911. No sabemos para qué sirven estas cámaras ni quién las maneja. Eso es un riesgo”, enfatizó.
Las autoridades confirmaron que las cámaras retiradas serán devueltas a sus propietarios con las respectivas evidencias de propiedad.
Además, aquellos equipos que no han sido desmontados podrán permanecer siempre y cuando los moradores inicien un proceso de regularización ante el ECU-911.
El jefe operativo del ECU-911 en Riobamba, David Brito, subrayó que los barrios sí pueden instalar cámaras de seguridad en Riobamba, pero deben cumplir los requisitos técnicos y legales.
“El objetivo no es eliminar la vigilancia, sino que esta sea segura, legal y transparente”, señaló.
Barrios intervenidos en el operativo
El despliegue militar y policial se dividió en dos grupos que visitaron tres puntos estratégicos de Riobamba:
- Ciudadela de Ingenieros Civiles.
- Barrio 15 de Noviembre.
- Centro de la ciudad, en las calles Vicente Rocafuerte y Gaspar de Villarroel.
En este último punto se realizó una rueda de prensa improvisada en la que se informó que se decomisaron alrededor de 20 cámaras de seguridad en Riobamba, enfatizando así el compromiso de las autoridades con el bienestar ciudadanao.
Operativo con alcance nacional
El ECU-911 anunció que este tipo de operativos se ejecutarán en varias provincias del país como parte de la estrategia para mantener el control de la videovigilancia en espacios públicos.
Las autoridades recalcaron que la medida busca precautelar la seguridad ciudadana y fortalecer la confianza en el sistema oficial de vigilancia.
La imagen de militares retirando cámaras en las calles de Riobamba reflejó la tensión entre la organización vecinal y el control estatal, que demuestra el compromiso que tienen con la ciudad.
Mientras los ciudadanos defienden sus iniciativas comunitarias, el Gobierno insiste en que ninguna cámara en el espacio público puede operar sin autorización oficial.
