Call center generaba USD 67.000 al mes en extorsiones. Los ‘empleados’ no tenían beneficios, pero, sí recibían bonos por cumplir meta
La Fiscalía General del Estado dio a conocer nuevos datos sobre el denominado call center de la extorsión, una red delincuencial con base en Quito, capital de la República del Ecuador.
Según el ente acusador del Estado, desde sus oficinas se amenazaba a víctimas en:
- Ecuador
- Colombia
- México
Del hecho ilícito se tuvo conocimiento el miércoles 25 de junio de 2025 y, luego de 1 mes de investigaciones, 40 personas fueron vinculadas a este proceso judicial.
Asimismo, 3 ciudadanos cuentan con órdenes de prisión preventiva.
Call center generaba USD 67.000 en actividades ilícitas
Por otra parte, el martes 5 de agosto de 2025, la entidad estatal reveló el rol de 3 sospechosos, cuyos nombres son los siguientes:
- Margarita Fernanda J. A.
- Edwin Rodrigo M. T.
- Michael Edward M. Q.
Según la Fiscalía, Margarita Fernanda J. A. era la representante legal y gerente general de LKL CALL S. A. S., empresa fachada desde donde operaba el call center.
En un edificio del sector La Carolina, en el centro norte de Quito, decenas de trabajadores realizaban acciones ilícitas tales como:
- Llamadas extorsivas
- Producían montajes fotográficos de carácter sexual
¿Cuál era el objetivo? Intimidar a las víctimas.
Pero, ¿Cómo operaban?
- Los afectados eran captados mediante créditos ofrecidos sin autorización legal a través de aplicaciones y anuncios en redes sociales.
- Antes de recibir el dinero, los interesados entregaban su información personal, que luego era utilizada para extorsionarlos
- Si se negaban a pagar los créditos con intereses elevados, eran amenazados con la difusión de los montajes sexuales
Al mes las extorsiones eran incesantes a las víctimas
De su lado, Edwin Rodrigo M. T., que fungía como contador de la empresa, dio a conocer que el call center facturaba al mes entre USD 5.000 y USD 67.000.
Ello principalmente desde cuentas en México y Ecuador.
Es de anotar que las personas que prestaban sus ‘servicios profesionales’ en la ‘entidad’, recibían una bonificación por cristalizar en dinero sus llamadas extorsivas.
Así, por ejemplo, se supo que más del 80% de los trabajadores, aproximadamente unas 100 personas, no tenía contrato ni afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Además, que los operadores recibían bonificaciones si superaban los USD 1.200 recaudados al mes.
Un tercer vinculado, de nombres Michael Edward M. Q., era técnico en sistemas y responsable del mantenimiento de equipos y del software utilizado por el call center.
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa utilizaba programas como Pegasus para ocultar sus actividades ilícitas.
Una cuarta sospechosa, Emily Daniela J. T., quien también fue gerente de la empresa, salió del país tras ser notificada por la Fiscalía y mantiene una orden de captura en vigencia.
Como se recordará, la Fiscalía General del Estado difundió imágenes que daban cuenta de varias estaciones de trabajo con computadoras que, presuntamente, eran usadas para exigir dinero a víctimas.
Ese mismo miércoles 25 de junio de 2025 se encontraron, además:
- Decenas de chips de empresas telefónicas
- Teléfonos celulares
- Documentos que estarían relacionados con el delito que se investiga
La entidad estatal agregó que, desde las instalaciones de la empresa, se habrían enviado mensajes con amenazas de hacer público, entre otras cosas:
- Información personal
- Videos
- Incluso montajes con contenido sexual
¿La razón? Si no se cancelaba la cantidad de dinero demandada mediante carteras virtuales.
