Ecuador revive el debate sobre bases militares extranjeras. Noboa impulsa una reforma que permitiría su regreso en Manta o Salinas. Expertos piden límites, mientras la ciudadanía se divide entre seguridad y soberanía.
Quince años después de la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta, en 2009, el tema vuelve a ocupar el centro del debate nacional.
En medio de una crisis de seguridad sin precedentes —con un promedio de 25 homicidios diarios y la expansión del narcotráfico— el presidente Daniel Noboa impulsa una reforma constitucional para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país.
La medida ha despertado tanto apoyo como rechazo entre la ciudadanía. Para algunos, como Bolívar Arboleda, el regreso de una base estadounidense “ayudaría a enfrentar la corrupción y la delincuencia”.
Otros, como Nadia Zhingre, consideran que “el país no está para gastos de consultas” y que los recursos deberían priorizar la salud, la educación y la atención social.
Galápagos descartadas, Manta y Salinas bajo análisis
El presidente Noboa descartó las Islas Galápagos como posible sede de una base extranjera, alegando razones ambientales y de conservación.
Sin embargo, señaló que Manta y Salinas son las principales opciones en evaluación por su ubicación estratégica para el control del tráfico marítimo de drogas, armas y combustibles.
El anuncio fue bien recibido por algunos sectores. “En Galápagos también sería excelente —opinó Byron Durán—, nos ayudarían a cuidar nuestras costas y nuestras islas”.
La idea de reforzar la vigilancia marítima cuenta con respaldo entre ciudadanos que priorizan la seguridad nacional frente a la amenaza del crimen organizado.
Pero otros lo ven con preocupación. Natalia Yagual recuerda que “en Colombia hay siete bases militares estadounidenses desde hace años y no han logrado eliminar la delincuencia”, alertando además sobre el riesgo de que Ecuador se convierta en escenario de conflictos internacionales.
Expertos piden control civil y límites claros
La analista de seguridad María Gallegos considera que una base extranjera podría mejorar las capacidades tecnológicas del país en vigilancia, inteligencia y entrenamiento, además de generar empleo e inversión en infraestructura local.
Sin embargo, advierte que “la presencia militar no eliminará las causas estructurales de la violencia” y que cualquier acuerdo debería incluir control parlamentario y civil, límites temporales y geográficos, y transferencia tecnológica hacia las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
En el mismo sentido, el asambleísta Jaime Estrada recuerda que la reducción de la violencia tras la salida de la base de Manta, en 2009, se debió más a la inversión social que a la intervención militar.
“Las bases no son la solución central a la inseguridad”, sostiene.
En 2025, Manta ya registra 363 asesinatos y podría superar los 550 al cierre del año, cifras que reflejan el desafío que enfrenta el Gobierno.
Frente a estas cifras, sectores ciudadanos como el representado por Luis Ángel Mosquera Arévalo creen que “el presidente debería tener la potestad de autorizar bases extranjeras sin necesidad de consulta, para combatir la delincuencia con decisión”.
Seguridad versus soberanía
El debate sobre seguridad también ha reavivado las tensiones sobre soberanía nacional.
Los defensores de la medida sostienen que la cooperación militar con Estados Unidos permitiría fortalecer la lucha contra el narcotráfico y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas regionales.
“Que el presidente haga lo que tenga que hacer —dijo Richard Johnny Pibaque Reina—, tiene el respaldo del pueblo que quiere el bien común. Mande preso a los ladrones, los narcos que se vayan a Colombia”.
En contraste, voces críticas como la de Natalia Yagual advierten que la historia demuestra riesgos de abusos e impunidad: “Cuando estaba la base de Manta, hubo denuncias de violaciones y abusos, pero nunca se investigaron. EE. UU. no ayuda, controla”.
Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas oficialmente, reflejan la desconfianza de parte de la ciudadanía hacia una eventual presencia extranjera.
Antecedentes y relaciones internacionales
La presencia militar estadounidense en Ecuador no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. operó una base en Baltra (Galápagos).
Más tarde, entre 1999 y 2009, lo hizo en Manta bajo un convenio antinarcóticos que no fue renovado tras la aprobación de la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa, que prohibió explícitamente las bases extranjeras.
Hoy, Noboa busca reabrir la puerta a la cooperación militar en un contexto distinto.
El presidente mantiene vínculos estrechos con el gobierno de Donald Trump y se prevé que la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, visite Ecuador el 5 y 6 de noviembre.
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Antes de ello, Noboa viajará a Nueva York y Washington (del 2 al 4 de noviembre) junto a su canciller y altos funcionarios.
El Gobierno también mantiene diálogos con Brasil para instalar una base policial amazónica en Sucumbíos u Orellana, enfocada en la vigilancia de fronteras y la protección de la Amazonía.
Sin embargo, las relaciones con Washington enfrentan tensiones: desde agosto de 2025, EE. UU. impuso aranceles del 15 % a varios productos ecuatorianos, aunque ambos gobiernos mantienen una agenda conjunta en seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Un país dividido ante la consulta popular
El 16 de noviembre los ecuatorianos decidirán si se elimina o no la prohibición constitucional de bases militares extranjeras.
Noboa ha insistido en que “Galápagos no será sede” y que la consulta es necesaria para legitimar cualquier decisión.
Entre los votantes, el sentimiento es mixto. Mientras algunos, como Edith Moreira, aplauden la postura firme del mandatario y exigen “mano dura contra jueces corruptos y delincuentes”, otros piden priorizar los problemas internos.
“El país necesita medicinas, seguridad social y aulas equipadas antes que consultas o bases”, reclamó Nadia Zhingre.
Nota editorial: Las opiniones ciudadanas citadas reflejan distintas percepciones del debate. Algunas contienen denuncias y afirmaciones no verificadas que requieren contraste con fuentes oficiales.
Revisa las preguntas del referéndum y consulta popular:
