Asambleísta de Chimborazo, Keevin Gallardo, lidera juicio político contra Gonzalo Albán, acusando incumplimiento y pide control el CPCCS.
El asambleísta por Chimborazo, Keevin Gallardo (ADN), impulsa un juicio político contra Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Según el legislador, Albán incumplió los requisitos legales para ocupar el cargo al mantener vínculos con un movimiento político, lo que constituye una causal de responsabilidad política.
En el programa La Palanketa, Gallardo explicó que el vocal del CPCCS figuraba como adherente del movimiento MOVER (antes Alianza País) hasta junio de 2022, apenas un año antes de su postulación, cuando la normativa exige al menos cinco años de desvinculación partidista.
El asambleísta insistió en que el proceso no tiene carácter penal ni administrativo, sino estrictamente político: “Nosotros buscamos responsabilidad política por acciones u omisiones”, sostuvo.
Recordó que la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Público obligan a los funcionarios a cumplir y hacer cumplir la ley, lo que a su criterio Albán no habría respetado.
Asambleísta de Chimborazo explica las razones del pedido de juicio político
El legislador añadió que la defensa de Albán intentó justificar su registro como un caso de afiliación irregular, pero que esos alegatos deben resolverse en instancias judiciales.
Para la Asamblea, explicó, lo que está en juego es la responsabilidad política derivada de una acción contraria a la ley.
Por lo que, Gallardo recalcó que su investigación se apoya en la documentación oficial proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al respecto, fue enfático: “No somos peritos para revisar si es o no es la firma, no somos parte del CNE para determinar si el formulario está bien llenado o no. A nosotros nos corresponde en base a esa documentación determinar la responsabilidad política”.
Además, sustentó su pedido en los artículos 76 y 77 de la Constitución, que garantizan el debido proceso, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Señaló que el juicio político no busca determinar culpabilidad penal, sino establecer si el vocal actuó en concordancia con la normativa y la ética pública.
El asambleísta dijo haber presentado siete pruebas documentales que confirman la afiliación política de Albán.
Estas serán evaluadas por la Comisión de Fiscalización, que deberá decidir si recomienda o no al pleno de la Asamblea el inicio de la interpelación.
Defensa de Gonzalo Albán en el juicio político
Por su parte, Gonzalo Albán ha defendido su legitimidad como vocal del CPCCS.
Asegura que su registro como adherente fue producto de una irregularidad, fenómeno que —según él— ha afectado a miles de ciudadanos sin su consentimiento.
Albán recordó que sus argumentos fueron presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que con mayoría de jueces resolvió permitir su participación como candidato.
“Así como a muchos ecuatorianos, se trató de una afiliación irregular. Esa información se expuso en su momento ante el TCE, y finalmente el organismo decidió habilitarme para la elección”, afirmó públicamente.
El vocal rechazó que exista incumplimiento de funciones y señaló que ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad.
El caso ha reabierto el debate sobre la imparcialidad que deben mantener los vocales del CPCCS. Gallardo señaló que permitir consejeros con vínculos partidistas atenta contra la esencia del organismo.
Mientras tanto, Albán insiste en que el juicio en su contra no tiene fundamento y que se trata de interpretaciones políticas alejadas de la realidad jurídica.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional deberá emitir un informe de recomendación en una reunión este fin de semana.
Si el juicio político avanza, Albán enfrentará el debate en el pleno, donde la decisión final dependerá de los votos de la mayoría.
De aprobarse, podría ser censurado y destituido; si no se alcanzan los votos necesarios o la comisión archiva el caso, permanecerá en funciones.
El desenlace marcará un precedente en el control político sobre los miembros del CPCCS y en la discusión sobre la transparencia en la participación ciudadana.
