Asambleísta de Chimborazo presentó amicus curiae contra la Ley de Integridad Pública, denunciando inconstitucionalidad y abuso procedimental.
La asambleísta de Chimborazo, Patricia Núñez, presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional para respaldar las 27 acciones de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley de Integridad Pública, tramitada por el Ejecutivo en 2025 bajo el carácter de urgencia económica.
La legisladora sostiene que esta normativa no solo carece de coherencia jurídica, sino que también vulnera principios constitucionales fundamentales.
La Ley de Integridad Pública fue presentada con el objetivo de promover la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, Núñez asegura que el texto aprobado contradice ese propósito.
“La ley de integridad pública es una ley que pues plantea una serie de reformas legislativas que son bastante controvertidas”
Patricia Núñez
El proyecto incorpora modificaciones en cuerpos legales diversos como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Economía Popular y Solidaria y otras disposiciones.
Para Núñez, esta dispersión no guarda relación con la materia inicial de la ley, lo que vulnera el artículo 136 de la Constitución, que exige unidad de materia en los procesos legislativos.
“Aquí se plantea esta ley de integridad pública un término que abarca reformas que son heterogéneas que no tienen una conexión directa”,
Patricia Núñez
Y advirtió que este es uno de los argumentos centrales para que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad.
Asambleísta de Chimborazo denuncia inconstitucionalidad
Más allá de las reformas puntuales, la asambleísta destacó que la ley provoca un debate de doble dimensión: jurídico y político.
“Lamentablemente va incorporando modificaciones profundas dispersas de varios cuerpos normativos y eso da lugar entonces a un intenso debate tanto constitucional como también un debate que se vuelve ya político”
Patricia Núñez
El carácter heterogéneo de las reformas, según Núñez, debilita la seguridad jurídica al introducir cambios sustanciales en áreas sensibles como el régimen laboral público, la normativa penal y la organización de la economía popular y solidaria.
Esto genera incertidumbre no solo en el ámbito jurídico, sino también en sectores sociales y productivos que se verían afectados.
Otro de los cuestionamientos centrales de Núñez recae en el procedimiento que utilizó el Ejecutivo para impulsar la Ley de Integridad Pública.
La iniciativa fue tramitada como de urgencia en materia económica, lo que obligó a la Asamblea a pronunciarse en un plazo reducido. Sin embargo, para Núñez esta decisión fue indebida y abusiva.
“Otro tema que podemos analizar es el tema del abuso del procedimiento de la urgencia económica”, recalcó, explicando que la ley excede los límites de lo económico al incluir disposiciones penales, laborales y sociales.
En su criterio, esta estrategia buscó reducir el margen de debate parlamentario y aprobar reformas que en circunstancias ordinarias habrían requerido un análisis más amplio.
El documento presentado por Núñez tiene como finalidad ofrecer a los jueces de la Corte Constitucional insumos técnicos y jurídicos adicionales para su análisis.
Este mecanismo, de carácter consultivo y no vinculante, se convierte en una herramienta clave para reforzar las demandas de inconstitucionalidad.
Núñez insiste en que su aporte busca evidenciar los riesgos que la norma representa para la institucionalidad democrática del país.
Aunque la Ley de Integridad Pública fue promovida bajo el discurso de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, Núñez considera que ocurre lo contrario.
“Realmente cuando ya se hace el análisis de la ley no cumple ninguno de estos parámetros”
Patricia Núñez
El futuro de la Ley de Integridad Pública ahora está en manos de la Corte Constitucional, que deberá analizar las demandas acumuladas junto con los argumentos adicionales presentados en el amicus curiae.
La resolución que adopte será clave para determinar no solo la validez de la norma, sino también los límites del Ejecutivo al impulsar leyes de carácter económico con contenidos que, según los demandantes, exceden su alcance constitucional.
