Asambleísta de Chimborazo, Keevin Gallardo, logra la destitución de Gonzalo Albán, quien advierte presedente que podría afectar a Daniel Noboa.
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El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir a Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras un juicio político impulsado por Kevin Gallardo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) por Chimborazo.
Con 81 votos afirmativos, frente a 67 negativos y una abstención, el Legislativo aprobó la moción que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante 2 años.
La acusación se centró en que Albán Molestina habría incumplido con sus funciones por hechos ocurridos antes de asumir el cargo.
Gallardo alegó que el consejero se desafilió del movimiento MOVER el 2 de julio de 2022, lo que, según él, generaba una inhabilidad prevista en la ley.
El legislador oficialista afirmó que la normativa prohíbe ser candidato al Cpccs si en los últimos cinco años se ha tenido vinculación con una organización política. “
«Esto implica hechos que se trasmutan en un incumplimiento de funciones”, sostuvo Gallardo.
Defensa de Gonzálo Albán durante el juicio político impulsado por el asambleísta de Chimborazo
Albán, en su defensa, rechazó la acusación y calificó al proceso como “el juicio político más absurdo de la historia”.
Aclaró que sus funciones comenzaron en enero de 2025, por lo que no se le puede imputar responsabilidades anteriores.
“La Constitución establece que la responsabilidad política se activa únicamente cuando un funcionario incumple funciones que ha asumido. Es un principio lógico y jurídico que cualquier infante sabría”, manifestó.
Advirtió que la decisión sienta un “precedente nefasto” que podría afectar a futuros funcionarios, incluso al Presidente de la República.
Durante su intervención, de apenas 18 minutos, Albán recordó que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) validaron su inscripción como candidato, pese a denuncias sobre supuestas afiliaciones fraudulentas.
El debate en el Pleno fue breve. Solo cinco legisladores participaron antes de la votación. Desde la oposición, las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionaron duramente el proceso.
La coordinadora de RC, Viviana Veloz, afirmó que no se prestarán para “la persecución” contra Albán. Su coidearia Ana Herrera insistió en que se debe “defender la institucionalidad y el debido proceso”.
Por el PSC, Otto Vera y Alfredo Serrano advirtieron que la censura podría traer consecuencias similares a las destituciones de diputados en el pasado.
Serrano añadió que “si el Tribunal Contencioso Electoral calificó a Gonzalo Albán, esa sentencia es intocable”, por lo que no corresponde que la Asamblea revise hechos ya validados por otro órgano.
Desde el oficialismo, la única que defendió la postura de Gallardo fue la legisladora Ana Belén Tapia, quien sostuvo que no existe una sentencia que confirme que Albán fue afiliado de manera fraudulenta al movimiento MOVER.
La resolución final de la Asamblea se sustentó en el artículo 131 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, dispuso notificar al Ministerio de Trabajo para que registre la censura y garantice la prohibición de ejercer funciones públicas por el tiempo señalado.
¿Qué pasará con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Con la salida de Gonzalo Albán, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedará con seis consejeros en funciones.
Según la Ley Orgánica del Cpccs, el Consejo Nacional Electoral debe convocar de manera inmediata al siguiente candidato que conste en la lista oficial de resultados de las elecciones de consejeros de 2023.
Esto significa que el suplente de Albán será posesionado en el cargo una vez que la Asamblea notifique al CNE y este organismo certifique el reemplazo.
El ingreso del nuevo consejero permitirá mantener el quórum reglamentario de siete integrantes, indispensable para la designación de autoridades de control y otros procesos clave que lleva adelante el Cpccs.
En lo político, la destitución refuerza la mayoría oficialista dentro del Consejo, que ahora contará con un miembro menos identificado con posiciones críticas al Gobierno.
Albán había sido una de las voces más visibles en denunciar supuestas irregularidades en la designación de autoridades y en cuestionar el rol del Ejecutivo frente al organismo.
Analistas advierten que la salida de Albán podría alterar el equilibrio interno del Cpccs y facilitar que la mayoría avance en la designación de cargos estratégicos sin mayores resistencias.
La oposición, en cambio, anticipa que se trata de un golpe institucional que compromete la independencia del organismo y podría desencadenar nuevas tensiones políticas.
La destitución de Albán marca el segundo juicio político tramitado en este periodo legislativo, después del fallido proceso contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.
En este caso, la mayoría oficialista logró consolidar los votos necesarios y abrir un nuevo capítulo en la disputa por el control del Cpccs.
