Asambleísta de Chimborazo denuncia el caso de fideicomiso de EERSA
La asambleísta de Chimborazo Patricia Núñez cuestiona el Decreto Ejecutivo 32 por el uso de fideicomiso en empresas eléctricas y advierte una posible inconstitucionalidad.
La asambleísta de Chimborazo, Patricia Núñez, denunció presuntas irregularidades en la aplicación del Decreto Ejecutivo N.° 32, el cual dispone que las empresas eléctricas del país tienen un plazo de 180 días para contratar fideicomisos encargados de captar la recaudación de las planillas eléctricas.
Según la legisladora, estos fideicomisos establecerían un orden de prioridad en los pagos, destinando primero los recursos recaudados a las empresas privadas generadoras de energía.
La decisión ha generado preocupación debido a que, a su criterio, esta figura contraviene lo establecido en la Constitución, especialmente en lo relacionado con los sectores estratégicos, como el de la energía eléctrica.
Núñez advirtió que se estaría modificando, mediante un decreto ejecutivo, una disposición de carácter constitucional, lo cual vulneraría el marco legal vigente.
“La energía eléctrica es un eje fundamental para la vida de los ecuatorianos. Afectar su administración y priorización no solo impacta la cotidianidad, sino también la dignidad de contar con un servicio básico”, señaló.
La asambleísta anunció que hoy solicitará un cambio del orden del día en la Asamblea Nacional para pedir la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.° 32.
En caso de que esta petición no sea atendida, indicó que acudirá a instancias constitucionales, presentando una acción de inconstitucionalidad para que el decreto sea declarado contrario a la Constitución.
Como ejemplo del impacto económico, Núñez detalló que solo en la provincia de Chimborazo se recauda aproximadamente 40 millones de dólares anuales por concepto de planillas eléctricas, y que de ese monto se pretende destinar alrededor de 450.000 dólares al año al pago de una fiduciaria, recursos que, según afirmó, podrían utilizarse en mejorar el servicio eléctrico para la ciudadanía.
Antecedentes: rechazo social y alerta por posible privatización
Previo a la denuncia en la Asamblea Nacional, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y activistas de Chimborazo ya habían manifestado su rechazo a la constitución del fideicomiso.
Este sector considera que este mecanismo trasladaría el control de los recursos eléctricos provinciales a una entidad privada, lo que sería una antesala a la privatización del servicio eléctrico.
La preocupación se intensificó debido a la estructura accionaria de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA):
- Chimborazo posee el 56 % de las acciones, a través de los municipios
- El Gobierno Nacional mantiene el 44 %
Esto convierte al voto de los alcaldes, especialmente el del cantón Riobamba, en un factor decisivo dentro de la Junta de Accionistas.
Conflicto abierto y vigilancia ciudadana
Hasta el momento, el fideicomiso no ha sido firmado ni archivado. Las organizaciones sociales anunciaron que mantendrán una vigilancia permanente sobre el proceso y no descartan acciones legales si no se cumple con la socialización comprometida.
Este escenario mantiene abierto el conflicto en Chimborazo y ha elevado el debate sobre el manejo de los recursos eléctricos y la participación ciudadana en decisiones estratégicas.
Preguntas frecuentes sobre denuncia de asambleísta de Chimborazo
¿Qué es el fideicomiso de EERSA?
Es un mecanismo financiero propuesto para administrar la recaudación de las planillas eléctricas de la empresa eléctrica de Riobamba.
¿Por qué las organizaciones sociales rechazan el fideicomiso?
Porque consideran que transfiere el control de recursos públicos a una entidad privada y podría abrir paso a la privatización del servicio eléctrico.
¿Quién controla la mayoría de acciones de la EERSA?
Los municipios de Chimborazo poseen el 56 % de las acciones, mientras que el Gobierno Nacional tiene el 44 %.
¿El fideicomiso ya fue aprobado?
No. El proceso fue autorizado para continuar, pero el contrato no ha sido firmado y debe ser socializado previamente.
¿Qué acciones anunció la asambleísta Patricia Núñez?
Solicitar la derogatoria del Decreto Ejecutivo 32 y presentar una acción de inconstitucionalidad si no se revoca.
