Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la reforma a la Ley de Movilidad Humana, impulsada desde Chimborazo. Conozca los nuevos beneficios.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 88 votos afirmativos el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Una normativa que busca equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos de las personas migrantes y ecuatorianos retornados.
La iniciativa, que unifica ocho proyectos legislativos, fue debatida en dos ocasiones antes de su aprobación y contiene 58 artículos que reforman de manera integral los procedimientos migratorios del país.
Entre las principales disposiciones se contempla la deportación expedita en casos de riesgo grave, bajo resolución motivada y control judicial, así como la ampliación del período de prohibición de reingreso hasta por cuarenta años para quienes representen amenazas a la seguridad nacional.
También se exigirá certificados de antecedentes penales y registro migratorio para obtener o renovar visas.
Además, la reforma crea la visa de tránsito o transeúnte, destinada a evitar que el Ecuador sea utilizado como país de paso irregular.
La norma permite revocar el estatus de refugiado si el beneficiario incurre en delitos graves o representa un riesgo real para la seguridad pública, siempre respetando el principio de no devolución y el debido proceso.
Asamblea Nacional pone beneficios para los migrantes y retornados en la Ley de Movilidad Humana
A diferencia de lo que podría interpretarse como una ley restrictiva, el texto también incluye medidas favorables para los migrantes honestos y los ecuatorianos retornados.
Se institucionaliza la migración circular, una modalidad que permitirá a los ecuatorianos trabajar temporalmente en otros países con respaldo del Estado, asegurando condiciones laborales dignas y retornos planificados.
Otro de los avances es la simplificación de los trámites para la repatriación de cadáveres, una demanda recurrente de las familias migrantes, así como la descentralización de la calificación de retornados, que facilitará su reinserción laboral y social desde los gobiernos locales.
La ley también amplía los servicios consulares y mejora la atención digital, reduciendo la burocracia y optimizando la respuesta del Estado.
Se reconoce además el papel de los más de dos millones de ecuatorianos residentes en el exterior, cuyo aporte económico a través de remesas sostiene a miles de hogares y dinamiza la economía nacional.
Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, explicó que la anterior ley “terminó protegiendo a delincuentes bajo el discurso de los derechos humanos”, mientras que esta reforma “restablece el orden migratorio y protege tanto a los migrantes honestos como a los ciudadanos ecuatorianos”.
Durante la sesión, legisladores como Carmen Tiupul, Edwin Jarrín y Noemí Cabrera coincidieron en que el desafío será armonizar la aplicación de la ley con la realidad social.
Tiupul destacó los avances en atención digital y reducción de la burocracia, mientras que Jarrín detalló que la normativa fortalece la seguridad fronteriza mediante registros biométricos y control migratorio.
Cabrera, en cambio, cuestionó la falta de socialización con las organizaciones de migrantes, subrayando que su participación será clave para la aplicación justa de la ley.
MIRECH, protagonista en la construcción de la reforma
Durante el debate, la legisladora Carmen Tiupul agradeció en dos ocasiones a la Fundación MIRECH (Migrantes Retornados de Chimborazo) por su participación en las mesas de trabajo que aportaron insumos a la nueva normativa.
Tras la aprobación, Marcelo Gedalje, fundador de MIRECH, destacó que se iniciará una fuerte campaña de socialización y capacitación sobre la ley:
“Nosotros vamos a salir a capacitar en las instituciones públicas y privadas sobre la Ley de Movilidad Humana, el conocimiento y la vulneración de derechos y los que deben atender”.
Gedalje informó que las capacitaciones comenzarán a finales de octubre, y que esta semana organizarán las convocatorias para las mesas técnicas, donde se abordarán temas de censo migratorio, atención social y emprendimientos productivos.
Además, confirmó que el 24 de octubre se reunirán con el asambleísta Kevin Gallardo, representantes de UniAndes y el Ministerio de Salud, con el fin de coordinar la implementación territorial de la ley y promover espacios de salud, emprendimiento y apoyo social a los migrantes.
“La ley es un avance, pero ahora empieza el verdadero trabajo: que las instituciones la conozcan y actúen conforme a ella”, concluyó Gedalje.
El proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción antes de su publicación en el Registro Oficial.
