Asamblea Nacional indaga una red que falsificaba matrículas en más de 23 cantones incluídos en Chimborazo, ¿cómo votaron los asambleístas?
El 2 de noviembre, la Asamblea Nacional tomó una de las decisiones más relevantes del último año en materia de control institucional: instruir a la Comisión de Fiscalización a iniciar un seguimiento integral a las entidades municipales de tránsito.
Esto tras las crecientes denuncias de presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares vinculadas a estructuras criminales.
La Asamblea Nacional impulsó esta medida con el objetivo de reforzar el control estatal en un momento crítico.
La medida recibió 83 votos afirmativos, suficientes para activar una investigación sostenida con apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito y el Consejo Nacional de Competencias.
La Asamblea Nacional consideró la urgencia de intervenir ante la gravedad del caso.
La resolución no surgió de un hecho aislado. La alarma se encendió luego de que la Policía Nacional desmantelara una red criminal dedicada a la falsificación de documentos vehiculares.
La operación, desarrollada en una vivienda del suburbio de Guayaquil, reveló que ese inmueble funcionaba como un centro clandestino de distribución de documentos ilegales que se replicaban en al menos 23 cantones del país, incluyendo Pallatanga y Cumandá, en Chimborazo.
¿Por qué la Asamblea Nacional investigará la corrupción en las agencias de tránsito?
El debate en la Asamblea Nacional se originó por un allanamiento, donde según John Reimberg, ministro del Interior, se encontraron miles de especies para matriculación, revisión técnica, placas, sellos gráficos, certificados y adhesivos con características usadas por municipios.
Uno de los hallazgos más críticos fue la desproporción en los registros de Manta: capacidad para matricular 13.000 vehículos, pero reportes de USD 35.000.
La cifra fue interpretada como un indicio claro del uso de documentos falsificados a gran escala, situación que la Asamblea Nacional consideró alarmante.
Reimberg advirtió además que “ni las ciudades grandes ni las pequeñas lo están haciendo bien” y que, de no tomar correctivos los municipios, el Gobierno asumiría el control para garantizar seguridad a la ciudadanía.
También reconoció que varias agencias municipales de tránsito estaban operando con estructuras criminales infiltradas, un punto que elevó la preocupación dentro de la Asamblea Nacional.
La postura de los asambleístas de Chimborazo frente a la fiscalización a las agencias de tránsito
A estos hechos se sumaron denuncias presentadas en el pleno por el ponente José Luis Nango, quien alertó sobre indicios de manipulación de sistemas, matriculación ilegal y uso de documentos adulterados.
Esto, según Nango para legitimar vehículos robados, facilitando delitos como secuestros, asesinatos, narcotráfico y lavado de activos.
Estos elementos llevaron a la Asamblea Nacional a reforzar la decisión de fiscalizar.
Ante la acumulación de evidencias, más de 150 municipios señalados y un perjuicio económico que varios legisladores ubicaron por encima de los USD 50 millones, la Asamblea aprobó la resolución con 83 votos.
Sin embargo, el comportamiento de los asambleístas de Chimborazo llamó la atención por su dispersión política.
Según el archivo de votación de la sesión 53, los cuatro representantes de la provincia adoptaron posiciones distintas ante la resolución:
• Keevin Gallardo (ADN): votó Sí a la resolución
• Patricia Núñez (Revolución Ciudadana): votó No
• Carmen Tiupul (expulsada de Pachakutik): se abstuvo
• Mishel Mancheno (ADN): salió de la sala antes de la votación
Este comportamiento contrasta con la gravedad del caso, pues Chimborazo posee siete centros de revisión técnica vehicular, y dos de sus cantones estarían vinculados en la red, según el Ministerio del Interior.
La dispersión en el bloque provincial mostró ausencia de una postura conjunta frente a un tema que afecta directamente a su territorio.
El Gobierno no descartó intervenir directamente a las agencias municipales de tránsito si estas no recuperan el control del proceso de matriculación.
Paralelamente, la Policía Judicial mantiene activa la investigación, sin descartar nuevas detenciones o sanciones administrativas contra entidades comprometidas.
La Asamblea Nacional seguirá el desarrollo de estos procesos mediante la Comisión de Fiscalización.
