La Asamblea debate la Ley de Ordenamiento Territorial, una norma clave para frenar el tráfico de tierras y ordenar el crecimiento urbano del país.
La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis de la Ley de Ordenamiento Territorial, un proyecto que busca corregir las fallas estructurales en la planificación urbana del país.
Este proceso, impulsado desde la Asamblea, pretende establecer parámetros claros para enfrentar problemas que se arrastran desde hace décadas, especialmente en ciudades intermedias como Riobamba.
En este contexto, Patricia Núñez, asambleísta de Chimborazo por la Revolución Ciudadana, participó en la sesión y expuso con detalle las principales preocupaciones que afectan directamente a la provincia, entre ellas el tráfico de tierras, la proliferación de barrios irregulares y la falta de control municipal.
Desde el inicio del encuentro, Núñez subrayó que uno de los mayores problemas identificados dentro de la Asamblea es la expansión desordenada de asentamientos informales.
Explicó que muchos barrios en Riobamba y otros cantones nacen de ventas ilegales de terrenos realizadas por traficantes que comercializan lotes sin servicios básicos, sin estudios técnicos y sin ninguna planificación territorial.
El rol de los municipios en la Ley de Ordenamiento Territorial según la Asamblea
Este fenómeno, según detalló, genera una carga posterior para los municipios, que deben asumir la construcción de obras de agua potable, alcantarillado, vialidad y otros servicios esenciales, muchas veces sin la capacidad técnica o presupuestaria para hacerlo.
La asambleísta recalcó que la superintendencia de ordenamiento territorial debe tener un rol activo cuando existan indicios de venta irregular de tierras, y que los gobiernos autónomos locales deben denunciar de manera inmediata cualquier caso.
En la comisión se enfatizó que la coordinación entre municipios y el ente rector es indispensable para prevenir la creación de nuevos asentamientos sin legalidad ni servicios, una preocupación que también será tratada en futuros espacios de trabajo dentro de la Asamblea.
Entre los puntos debatidos se expuso la necesidad de actualizar catastros, revisar los planes de desarrollo urbano y garantizar que los proyectos municipales no sean copias genéricas, sino documentos elaborados con información real del territorio.
Núñez afirmó que varios de estos planes han sido presentados sin sustento técnico, lo que afecta la capacidad de decisión y limita la aplicación de políticas públicas diseñadas desde la Asamblea.
La asambleísta insistió en que esta falta de rigurosidad se convierte en un obstáculo para el crecimiento ordenado de las ciudades y para la protección de zonas vulnerables.
Fue enfática en su postura respecto al tráfico de tierras y recordó la magnitud del problema al señalar:
“Los traficantes de tierra lo único que hacen es no solamente dañar a los ciudadanos sino también dañar el trabajo que hace un municipio”.
Patricia Núñez
Además, advirtió que la complicidad de funcionarios públicos agrava este fenómeno, una situación que —según dijo— se ha repetido en distintos momentos del país y que debe ser enfrentada con firmeza tanto en lo local como desde la Asamblea.
Consultada sobre el caso de Norma C., concejal y vicealcaldesa de Colta, denunciada en Fiscalía por presunta estafa inmobiliaria, Núñez señaló que no conocía en detalle el proceso, pero cuestionó con claridad la posibilidad de que una autoridad electa esté involucrada en hechos de esta naturaleza.
“Si es así, yo creería que la justicia tiene que actuar con todo el peso de la ley”
Patricia Núñez
Este tipo de situaciones, añadió, también deben ser observadas por la Asamblea para asegurar que las leyes en discusión respondan a la realidad del territorio.
Asamblea Nacional recolectará más información sobre la Ley de Ordenamiento Territorial
En cuanto a Riobamba y su inclusión en el proyecto internacional de Ciudades Resilientes, Núñez reconoció su importancia, pero advirtió que la ciudad mantiene serios problemas en sus zonas periféricas.
La venta ilegal de terrenos, incluso en zonas de riesgo, continúa generando preocupación.
Sectores ubicados camino a Licán y otras áreas cercanas muestran un crecimiento irregular que, según la legisladora, debe ser atendido con urgencia tanto por el municipio como dentro del seguimiento técnico que la Asamblea debe realizar.
Tras la exposición de la ponente en la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Asamblea Nacional cuenta ahora con un plazo de aproximadamente 90 días para recopilar más información, recibir aportes técnicos y preparar el informe para segundo debate.
Durante este periodo se recogerán denuncias ciudadanas, experiencias municipales y observaciones legales que permitan fortalecer el proyecto de ley, una tarea que, según Núñez, será clave para ordenar el crecimiento urbano del país.
La asambleísta insistió en que el ordenamiento territorial es una responsabilidad compartida entre Estado, municipios y ciudadanía, y que la planificación debe ser rigurosa y coherente con las necesidades reales de cada territorio.
El reto —dijo— es lograr ciudades que crezcan de manera organizada, segura y con responsabilidad social, evitando que las malas prácticas sigan perjudicando a los habitantes de Chimborazo. Añadió que la Asamblea tiene la obligación de avanzar en esta normativa con la seriedad que demanda el país.
