Asamblea aprueba Ley de Fundaciones y genera críticas por posible uso político
La Asamblea aprobó la Ley de Fundaciones en trámite urgente. La norma genera críticas por posible control político sobre organizaciones sociales.
Con 78 votos a favor y en trámite económico urgente, la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley de Transparencia Social, conocida popularmente como la “Ley de Fundaciones”.
El proyecto ingresó originalmente como la Ley de Control de Flujos Irregulares de Capitales, pero tras un rápido debate fue aprobado bajo un nuevo nombre y con disposiciones ampliadas.
¿Qué significa la aprobación de la Ley de Fundaciones en Ecuador?
La norma se suma a otras leyes impulsadas por el Ejecutivo que han sido cuestionadas y que actualmente son analizadas por la Corte Constitucional por presuntas inconstitucionalidades.
Según el gobierno y su bancada legislativa, el objetivo de la ley es fortalecer los controles sobre fundaciones y corporaciones, bajo la narrativa de prevenir que estas entidades sirvan como vehículo para el lavado de activos provenientes del crimen organizado y el narcotráfico.
¿Cuáles son los controles que ya tienen las fundaciones?
Roberto González, director de la Corporación de Desarrollo Social (CODES), cuestiona ese argumento. Asegura que las organizaciones sociales ya están sujetas a múltiples mecanismos de control, entre ellos:
- Personería jurídica otorgada por ministerios con base en el Código Civil.
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) y obligaciones tributarias.
- Cuenta bancaria exclusiva supervisada por la Superintendencia de Bancos y la UAFE en operaciones mayores a USD 5.000.
- Convenios internacionales sujetos a contratos, auditorías e informes de cumplimiento.
- Decretos ejecutivos vigentes (N.º 16, 176 y 193) que regulan desde 2002 a las organizaciones.
Con esta lista, González sostiene que la supuesta “falta de control” es un recurso retórico más que una realidad.
También recuerda que las organizaciones no se oponen a la fiscalización: incluso en la anterior Asamblea se presentó un proyecto de ley para regularlas, que llegó a segundo debate pero nunca fue aprobado.
Críticas y polémicas sobre el posible uso político de la Ley
El dirigente advierte que el discurso oficial homogeniza a más de 70.000 organizaciones sociales como potenciales focos de criminalidad.
Esto invisibilizaría la diversidad de asociaciones, gremios, clubes y fundaciones que conforman el tejido social.
Para él, esta narrativa sospechosa convierte a la sociedad civil en un “problema de seguridad”, debilitando su papel en la construcción democrática.
Desde la oposición también se han levantado críticas, no solo por la rapidez del trámite, sino por la incorporación de disposiciones que no guardan relación con la temática principal, como artículos vinculados con la minería o la condonación de deudas del IESS.
Impacto de la Ley de Fundaciones en organizaciones sociales y civiles
González plantea que la norma no fortalece el sistema de control, sino que entorpece la conformación de nuevas organizaciones y debilita a las ya existentes, sin que el Estado provea recursos ni apoyo para su sostenibilidad.
La ausencia de un sistema de respaldo estatal —añade— erosiona la capacidad de la sociedad civil de incidir en políticas públicas y construir democracia participativa.
En definitiva, detrás de la narrativa de seguridad y transparencia, se perfila una intención de control político sobre los actores sociales.
El riesgo, según analistas, es que la ley funcione como un mecanismo de vigilancia y restricción de los grupos disidentes, replicando antecedentes como el cierre de la Fundación Pachamama durante el gobierno de Rafael Correa.
La disputa, concluyen, no es solo legal ni técnica, sino profundamente política: está en juego el lugar que ocupará la sociedad civil en la democracia ecuatoriana.
