Asamblea Nacional archivó Ley de Derechos Humanos tras moción de un asambleísta de Chimborazo, quien advirtió que era redundante.
Con 79 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley Orgánica de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones del Estado Ecuatoriano en materia de Derechos Humanos.
La moción fue presentada por el asambleísta oficialista Keevin Gallardo, quien consideró que la propuesta legal resultaba innecesaria y redundante respecto al marco constitucional vigente.
Gallardo, legislador por la provincia de Chimborazo e integrante de la Comisión de Justicia, sustentó el archivo en que “el proyecto de ley propone que el Estado ecuatoriano se someta al cumplimiento de obligaciones internacionales desde una concepción ad infinitum.
Esto quiere decir al cumplimiento de obligaciones internacionales que tienen un efecto en el ámbito internacional conocido como soft law, es decir, el derecho blando, generando un sistema de autoobligación que no le corresponde al Estado ecuatoriano”.
¿Por qué archivar el proyecto de Ley de Derechos Humanos?
El informe aprobado por la Comisión señalaba que la Constitución del Ecuador, en sus artículos 11, 417, 424 y 425, ya contempla de forma clara y obligatoria la observancia de derechos humanos y tratados internacionales.
En ese sentido, Gallardo recalcó que el proyecto era jurídicamente innecesario y hasta riesgoso: “Es una normativa que no cumple los procedimientos internos legislativos, es una normativa redundante dentro de su fuente primaria y es una normativa que no se ajusta a parámetros internacionales.”
Además, explicó que muchas de las recomendaciones u observaciones derivadas de organismos internacionales no son jurídicamente vinculantes.
“Observaciones generales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, (…) de comités desarrollados a través de protocolos facultativos, así también como decisiones de diferentes comités del Sistema de Naciones Unidas, no son de obligatorio cumplimiento. Son solamente referenciales que se ajustan al criterio interpretativo de la misma Corte Interamericana,”, dijo.
En relación con las garantías ya existentes, el legislador afirmó: “El Estado Ecuatoriano tiene una política de Estado en la cual se verifica el cumplimiento de obligaciones internacionales (…) el Estado Ecuatoriano ha tenido la tónica del cumplimiento efectivo de cada una de las medidas cautelares, de las medidas también de compensación, indemnizatorias y demás que la CIDH les ha sometido.”
Gallardo enfatizó que esta ley pretendía introducir elementos que ya se encuentran normativamente garantizados.
Apoyo al archivo de Gallardo
Por su parte, el asambleísta Marco Olmedo, también integrante de la Comisión de Justicia, respaldó el archivo del proyecto. “Una ley no puede estar por absolutamente ninguno de los derechos de la gente.”
Olmedo coincidió con Gallardo en que la normativa era innecesaria porque la Constitución ya reconoce los derechos humanos y los compromisos internacionales del país.
“Ya está contemplado en la Constitución, y definitivamente por esa razón se archiva este proyecto, porque encontramos definitivamente ya la ruta adecuada, la ruta correcta como para que este archivo se dé el día de hoy», declaró.
Con este resultado, la Asamblea concluye el tratamiento de este proyecto, bajo el criterio mayoritario de que no aporta nuevas garantías ni mecanismos efectivos más allá de lo que el marco legal ecuatoriano ya establece.
