En medio de polémica y divisiones políticas, Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social, buscando frenar lavado de activos y fortalecer supervisión.
La Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social con 78 votos a favor, en una jornada parlamentaria cargada de polémicas, acusaciones de control político y advertencias de la oposición.
La normativa, presentada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, busca fortalecer la regulación de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) en Ecuador, pero también despierta temores sobre la vulneración del derecho de asociación.
Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social: puntos principales
El proyecto aprobado establece un Sistema Unificado de Información, en el cual todas las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro deberán registrar su información jurídica, financiera y operativa.
Este registro será público y de acceso abierto para los ciudadanos, lo que, según el oficialismo, garantiza transparencia y trazabilidad de los recursos.
Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la entidad encargada de la supervisión de estas organizaciones.
El control se aplicará bajo un modelo basado en riesgos, tomando en cuenta variables como el monto de los fondos que manejen, su origen y el alcance de sus actividades territoriales.
El gobierno de Noboa justifica la normativa afirmando que busca frenar el lavado de activos y el financiamiento de economías criminales.
Según cifras oficiales, mueven alrededor de USD 30.000 millones anuales en el país.
Críticas y cuestionamientos a la ley
Aunque la Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social, los cuestionamientos no se hicieron esperar.
Los bloques de oposición, especialmente la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC).
Denunciaron que en el segundo debate se incluyeron reformas de última hora sin el debido análisis, lo que consideran un atropello al procedimiento legislativo.
Uno de los puntos más polémicos es la disposición transitoria que condona deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), incluyendo capital, intereses y recargos.
Legisladores del PSC advirtieron que esta medida podría ser inconstitucional y beneficiar a grupos privados en detrimento de la seguridad social de los trabajadores.
Impacto en las organizaciones sociales
La aprobación de la ley genera incertidumbre en cientos de ONG comunitarias y fundaciones pequeñas.
Ahora por esta ley, deberán cumplir con exigencias administrativas y contables que, según especialistas, podrían ser excesivas para su capacidad operativa.
Analistas advierten que la Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social sin diferenciar claramente entre grandes fundaciones con financiamiento internacional y pequeñas organizaciones barriales que trabajan en proyectos sociales de base.
Esto, dicen, podría derivar en un retroceso para la participación ciudadana en procesos comunitarios.
Contexto político y estratégico
El proyecto fue presentado como urgente en materia económica y aprobado en tiempo récord.
El bloque oficialista y sus aliados defendieron la necesidad de dotar al Estado de herramientas para evitar que el dinero ilícito se filtre en el sistema financiero y en las organizaciones sociales.
Sin embargo, el trasfondo político también se hizo evidente.
Sectores opositores calificaron la aprobación como un intento de Noboa de consolidar mayor control sobre los espacios sociales independientes.
En un momento en que el país atraviesa una delicada crisis de seguridad y gobernabilidad.
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El futuro del país con esta Ley
La Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social con la promesa de fortalecer la transparencia, prevenir el lavado de activos y ordenar el funcionamiento de las ONG en Ecuador.
No obstante, las críticas apuntan a un riesgo de restricción de libertades y a la imposición de un marco legal que podría ahogar a las organizaciones más pequeñas.
El futuro de esta ley dependerá de su aplicación práctica y de la capacidad del Estado para garantizar que el objetivo de control financiero no se convierta en un instrumento de persecución política ni en un freno a la sociedad civil.
