Asamblea Nacional aprueba con 84 votos la Ley de Solidaridad como respuesta urgente contra crimen organizado y conflicto armado interno.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 84 votos a favor, la Ley de Solidaridad Nacional el sábado 7 de junio de 2025.
La normativa, calificada como urgente por el Ejecutivo, busca enfrentar las consecuencias del conflicto armado interno y desarticular las estructuras de la economía criminal mediante reformas jurídicas, tributarias y de seguridad.
Uno de los puntos centrales es la inclusión del “indulto con efecto diferido”. Este mecanismo permite al presidente otorgar indultos por razones humanitarias o de interés público a miembros de las fuerzas del orden procesados por actuaciones en el marco del conflicto armado.
El indulto puede concederse antes de una sentencia, aunque su efecto se activará tras la ejecución de esta. Sin embargo, no podrán beneficiarse quienes enfrenten cargos por delitos graves como genocidio, tortura, corrupción o asesinato por razones políticas.
La ley también establece nuevos parámetros para determinar el consumo personal de drogas, mediante una resolución conjunta del Ministerio de Salud, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, modificando el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ejes de la Ley de Solidaridad Nacional aprobada por la asamblea
Otro aspecto destacado es la creación de sociedades anónimas deportivas para profesionalizar la gestión de organizaciones deportivas, garantizar la integridad de sus operaciones.
Este régimen se activará mediante decreto ejecutivo, que deberá reconocer oficialmente la existencia del conflicto. La normativa habilita a las fuerzas del orden a usar la fuerza, incluida la armada, contra grupos armados organizados que no estén protegidos por normas internacionales.
Además, autoriza la incautación de bienes vinculados a economías criminales y su entrega obligatoria al Estado en un plazo máximo de 15 días.
Como incentivo para la colaboración ciudadana, se prevé que las donaciones a las fuerzas del orden generen beneficios tributarios. Las Fuerzas Armadas y Policía podrán recibir donaciones de bienes, suministros o equipamiento para mantener el orden público.
La ley también incluye incentivos económicos para pequeños y medianos productores, jóvenes, adultos, artesanos y actores de la economía popular.
Además, establece un sistema de protección integral a víctimas del conflicto armado, incluyendo asistencia física y psicológica, así como programas específicos para niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento.
En el ámbito preventivo, se disponen controles institucionales dentro de las fuerzas del orden para evitar infiltraciones del crimen organizado, mediante evaluaciones patrimoniales, pruebas de confianza y control del entorno familiar y financiero de sus miembros.
Finalmente, la ley endurece las sanciones por tráfico ilegal de combustibles, con penas que oscilan entre uno y trece años de prisión, dependiendo de la gravedad y modalidad del delito.
